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más de 40 días de desatada la crisis de abastecimiento de agua que aún afecta a la ciudad de Ushuaia, el Poder Ejecutivo elevó ayer al Parlamento un proyecto de ley que declara la emergencia del servicio de suministro de agua potable, tratamiento de líquidos cloacales y desagües cloacales en el ámbito de la provincia, por el plazo de dos años.
La iniciativa, que resulta muy similar al proyecto de emergencia que impulsa el bloque de Encuentro Popular, será tratada sobre tablas por los legisladores en la sesión ordinaria de hoy. Desde los bloques de oposición se adelantó que la propuesta contará con los votos necesarios para convertirse en ley, pero que el proyecto que resulte sancionado presentará profundas modificacioneds respecto del texto elaborado por el Ejecutivo.
Es intención de los parlamentarios reducir el plazo de vigencia de la emergencia que el Ejecutivo pretende se extienda por 2 años y lo alcances de la misma únicamente a la adquisición de plantas modulares para Ushuaia y Río Grande.
En realidad todavía no hay postura consensuada al respecto. Mientras desde algunos bloques, por ejemplo el MPF, se interpreta que la declaración de emergencia debe regir por más de dos meses –plazo que se considera suficiente para concretar la compra de las plantas en cuestión–, otros –Encuentro Popular– propondría limitarla a 6 meses y únicamente a Ushuaia, fijando además el monto máximo a afectar para la resolución coyuntural del problema de tratamiento y distribución de agua potable. Además se buscará incorporar un artículo determine el grado de responsabilidad de los fiuncionarios políticos ante el protencial incumplimiento de la ley.
Las divergencias respecto del proyecto oficial y las distintas posturas existentes entre los parlamentarios parecen anticipar que el tratamiento del asunto generará debate.
La propuesta del Ejecutivo contempla “declarar la emergencia del servicio de suministro de agua potable, tratamiento de líquidos cloacales y desagües cloacales en el ámbito de la provincia por el plazo de dos años, a partir de la promulgación de la presente, el que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo mediante acto administrativo hasta tanto se finalicencon las obras que garanticen satisfacer en el menor tiempo posible el derecho a la provisión de agua potable, como así también brindar un adecuado servicio de recolección y tratamiento de efluentes cloacales.
Para ello se solicita se autorice al Ejecutivo, a la DPOSS o al IPV a “la contratación directa de plantas potabilizadoras portátiles o móviles, sea por adquisición o locación, a fin de garantizar el abastecimiento de agua potable de la Provincia y toda contratación de obra que resulte necesaria a tal fin”, como así también a “la contratación directa de obras, servicios, insumos o infraestructura tecnológica que previo análisis técnico se determinen como más convenientes a los efectos de satisfacer en el menor tiempo posible el derecho a la provisión de agua potable a los afectados, como así también brindar un adecuado servicio de recolección y tratamiento de efluentes cloacales”.
Se determina que “los gastos que demande la presente serán financiados con los recursos provenientes del Fondo Solidario Federal”, y se invita a los municipios y comuna de Tolhuin a adherir a la ley, lo que “implicará la aceptación de que los gastos generados por las contrataciones efectuadas como consecuencia de la presente se solventarán en partes proporcionales entre la provincia, los municipios y Comuna, a través de la deducción previa efectuada a la coparticipación” del Fondo de la Soja.
Además, y tal lo contempla también el proyecto de Encuentro Popular, determina que la “Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios solo podrá incrementar en hasta un 10% los gastos corrientes interanuales hasta tanto la planta potabilizadora denominada del Río Pipo se encuentre totalmente construida y en funcionamiento” y que “los recursos que excedan la pauta de gastos establecida serán destinados al mantenimiento de la infraestructura básica de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios y la construcción de la infraestructura necesaria para solucionar la problemática del suministro de agua potable de la Provincia”.
La iniciativa gubernamental también hace propia la propuesta del bloque de EP de que “en el caso de corte de la prestación del servicio de suministro de agua potable por un lapso de 24 horas continuas, por responsabilidad de la Dirección Provincial de Obras y Serviciso Sanitarios, se establecerá el siguiente descuento en el importe de la factura por parte de la mencionada Dirección: por cada día de corte del servicio de suministro se descontará el 8,00% del total de la factura, hasta alcanzar la totalidad de la misma”, pero deja sin efecto el párrafo que proponía que “en el caso de que el porcentaje total acumulado supere al total de la facturación al periodo correspondiente, la DPOSS procederá a resarcir a cada usuario afectado por la no prestación del servicio”.
Censo cada 5 años y prohibición de minería a cielo abierto
En el marco de la tercera sesión ordinaria resultará aprobada también la ley que determina la realización cada 5 años de censos poblaciones en la provincia. Otro tanto sucederá con aquella que prohíbe en la provincia la explotacíón minera a cielo abierto y la utilización de sustancias contaminantes en esa actividad.
Además se tomará juramento a Norma Gildstein, quien asumirá como legisladora en reemplazo del renunciado Osvaldo López, quien actualmente se desempeña como senador de la Nación. |
