L
a historia oculta de Mario Eduardo Basso, el ex camarista de Tierra del Fuego que antes fue juez de Menores durante la dictadura y autorizó la adopción de dos niñas sabiendo que eran hijas de desaparecidos, no es una excepción en la provincia.
Desde que comenzó a funcionar el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y remover por mala conducta a los magistrados, hubo varios casos de jueces con pasado escandaloso que sin embargo llegaron a ocupar cargos de importancia en el Poder Judicial.
Si Basso fue elegido camarista, estuvo en el puesto siete años y desde hace once que es jubilado cobrando la cuarta mejor jubilación de la isla, como reveló una investigación de EDFM publicada ayer, es porque el sistema de selección de jueces evidencia una fragilidad que nunca pudo ser corregida.
Para demostrarlo, basta con repasar algunos nombramientos emblemáticos, como el del también ex camarista penal Luis Felipe Ricca, ahora convertido en abogado de ex funcionarios con apuros judiciales.
Ricca fue elegido juez de la provincia el 7 de marzo de 2001, cuando la opinión pública fueguina ignoraba todavía el contenido de las decenas de artículos periodísticos publicados por la prensa brasileña y argentina sindicando al nuevo magistrado como testaferro de Paulo César (PC) Farías, el empresario asesinado en 1996 que poseía fuertes vinculaciones con el narcotráfico, la mafia y el lavado de dinero.
PC Farías fue el “tesorero” de la campaña electoral del ex presidente de Brasil Fernando Collor de Mello, primer mandatario de Latinoamérica en ser destituido por casos de corrupción en septiembre de 1992.
Ricca niega aún hoy haber sido testaferro pero admite que fue abogado del “cajero” de Collor de Mello y de Jorge Bandeira, otro presunto socio de PC (piloto de su Lear Jet particular) también vinculado a las drogas y al poder brasileño de la época.
Cuando trascendió esta historia, Ricca terminó renunciando al cargo, el 27 de noviembre de 2001.
No juró por un detalle
Otra jueza con pasado oculto fue Sandra Pesclevi, designada como magistrada penal de Río Grande el 14 de julio de 2003.
Pesclevi fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura presidido por el ex titular del Superior Tribunal de Justicia Ricardo Klass, aunque nunca pudo jurar en el cargo por un pequeño detalle: el 6 de agosto de ese año, fecha prevista para la ceremonia, estaba presa en Buenos Aires, vinculada a un caso de corrupción.
La mujer había sido detenida por orden del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atensio, en una causa que también involucró a otros dos imputados, Hernán Di Biassio, esposo de la ex secretaria de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata y al comerciante Edgardo Latorre, un amigo de Di Biassio. Los tres fueron acusados del presunto pedido de una coima de quince mil pesos a un abogado de La Plata para trabar un sumario en su contra por presuntas irregularidades en la tramitación de amparos contra el denominado corralito financiero.
El 10 de agosto de 2003, el Superior Tribunal de Justicia suspendió por acordada 52/03 el acto de juramento y asunción del cargo de Pesclevi, que todavía estaba presa en Buenos Aires y en su lugar asumió Héctor Daniel Ochoa, que había sido elegido juez del otro juzgado de instrucción riograndense. Por su parte el Consejo de la Magistratura resolvió suspender la propuesta de la polémica abogada como jueza del distrito norte.
Finalmente Pesclevi fue desvinculada del caso aunque la Magistratura de Tierra del Fuego desechó su nombramiento y la mujer terminó aceptando un cargo de defensora pública en el Juzgado Federal de primera instancia de Quilmes, en junio de 2006.
En la Armada
Antes de anclar en Tierra del Fuego como juez del Superior Tribunal de Justicia, Mario Robbio se desempeñaba como integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Su designación obedeció a un pedido del ex jefe de la Armada, Joaquín Stella, al entonces gobernador Carlos Manfredotti, quien motorizó la solicitud vía consejo de la Magistratura.
La relación de Robbio con la Armada no era circunstancial: había sido abogado de la Marina y en la década del ‘70 ocupó varios cargos públicos dentro del gobierno de la dictadura militar.
Con naturalidad asombrosa, el propio Robbio explicó esta situación a los consejeros que lo entrevistaban para ser juez, el 17 de septiembre de 2002:
“Un amigo de mi padre me dice: por qué no entrás en la Marina, vos no podés quedar sin una asignación fija, están las épocas muy difíciles. Y yo le digo: me voy a arreglar, me he arreglado siempre, voy a batallar y voy a trabajar en lo que sea. Bueno, ahí me citaron e ingresé en el ’70. Después vino el golpe militar del ’76, yo era abogado de la obra social de la Marina y como tenía dos o tres conocidos me dijeron: bueno mirá, hay un cargo acá y necesitamos una persona que conozca de este tema”.
A continuación, Robbio admitió que en 1978 (año que se desarrolló el Mundial de Fútbol en la Argentina) y en 1979 fue “asesor de la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación”. Como se sabe, ese período se caracterizó por un fuerte manejo mediático ejercido por la dictadura para trasladar al mundo la visión de un país respetuoso de los derechos humanos. Fue la época en que se inventó el famoso slogan: “los argentinos somos derechos y humanos”.
El candidato a juez agregó que siempre estuvo “un poco ligado a la parte de comunicaciones. Tengo muchos amigos periodistas, en fin. Siempre he rumbeado para esos lados”.
Sus propios dichos corroboraron, luego, esa afirmación: hasta el 9 de diciembre de 1983 (un día antes del restablecimiento de la democracia en el país) fue director ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires, aunque también aclaró que se “ocupaba de la parte de personal y legal”, no así de los aberrantes hechos de censura previa, listas negras y demás despropósitos que caracterizaron la gestión militar en los canales que por entonces eran propiedad del Estado.
Los documentos presentados por Robbio en su legajo ratifican ese desempeño laboral. Allí figura que entre 1970 y 1979 fue abogado y asesor de la Armada dentro de la Secretaría de Información Pública. Desde mediados de 1979 hasta fines de marzo de 1980 trabajó como asesor de la Secretaría de Municipios, en el Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El 28 de noviembre de 1982 fue designado director Ejecutivo de Canal 13 de Buenos Aires por la Secretaría de Información Pública, hasta su renuncia en diciembre de 1983.
