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a Comisión de Garantías del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación emitió un dictamen luego de la audiencia que mantuvieran en Buenos Aires los representantes del Ministerio de Salud y de Trabajo de nuestra provincia, con el abogado representante de la FATFA (Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina) el pasado el 5 de octubre para establecer los servicios esenciales en el marco de un conflicto en los hospitales de Tierra del Fuego.
En sus fundamentos, la comisión esgrime que “Atento lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 25.877 y el artículo 1 del Decreto 272/06 reglamentario de la referida Ley, resulta imprescindible para que la Comisión se pronuncie que en el caso exista un conflicto colectivo de trabajo que de lugar a la interrupción total o parcial de servicios esenciales o calificados como tales en los términos del articulo 24 de la Ley 25.877.
Ninguna duda cabe que nos encontramos ante un servicio esencial en los términos del art. 24 de la ley 25.877; pero en la actualidad y después de examinadas las posturas de las partes y las constancias del Expediente de la referencia, no se detecta la existencia de un conflicto colectivo con exteriorización de medidas de acción directa que autorice a ésta Comisión a aconsejar sobre el establecimiento de servicios mínimos.
Es por ello, que la Comisión no cuenta con competencia para asesorar ante un conflicto colectivo que no genera a la fecha cese de prestaciones. La única solución razonable y justa es contemplar la realidad, no de acuerdo a nuestros deseos o prejuicios, sino mediante el contenido de las normas.
Por lo tanto, la decisión adoptada por los miembros de la Comisión fue la siguiente: “En consecuencia, esta Comisión de Garantías carece de competencia para fijar servicios mínimos con alcances genéricos respecto de un conflicto colectivo que no se ha materializado en medidas de acción directa concretas, como ocurre en este caso. Esta decisión podrá ser revisada en la medida que cambien los hechos que le dieron origen”.
Al respecto de este dictamen, el secretario Adjunto de ATSA, Miguel Olivares, expresó que “el Gobierno sigue tirando carne podrida a través del Ministerio de Trabajo, tratando de intimidarnos con esta Comisión al sindicato, pero la comisión declaró abstracto el pedido porque entendió que el gremio tenía la razón de movilizar y protestar sobre un acuerdo no cumplido”.
