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ranscurridos ya 50 días desde que fuera presentado por el Ejecutivo, la comisión de Economía de la Legislatura se reunirá hoy para definir la agenda de trabajo para el análisis del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2012.
A partir de la presente jornada, la comisión que preside el reelecto legislador mopofista Damián Löfller dispondrá de unos 38 días hábiles para poder evaluar en detalle la pauta de recursos y erogaciones que fuera contemplada por el Poder Ejecutivo para el año entrante.
De mantenerse la mecánica implementada por la comisión, la primera convocatoria será la del ministro de Economía, Cristian Ruiz, para que suministre información sobre el estado de ejecución del presupuesto actual, realice la presentación formal del proyecto 2012 y explique las estimaciones que fueron tomados en cuenta para prever la evolución de ingresos de origen nacional y provincial, como así también el nivel de gastos e inversiones. Esta invitación podría formalizarse para martes o miércoles de la semana venidera.
Uno de los aspectos vinculados con el proyecto de presupuesto que despierta expectativa, pasa por conocer la postura que adoptarán los parlamentarios respecto de la pretensión de la Administración Ríos por crear dos fondos de afectación específica –uno para educación y el otro para salud– a los que se destinaran el 4,25% de los recursos de coparticipación federal en forma previa a su distribución secundaria.
Vale recordar que en 2010 un grupo de legisladores, de común acuerdo con el Ejecutivo provincial, evaluó la posibilidad de afectar el 10% de la coparticipación primaria a fortalecer las partidas destinadas a salud y seguridad. Esta propuesta finalmente no prosperó por el cambio de opinión de algunos legisladores luego de conocida la enérgica reacción de los ejecutivos municipales, gremios estatales y del Sindicato de Camioneros.
También resultará interesante conocer la opinión de los parlamentarios sobre la propuesta de cancelación de la deuda con el Instituto Provincial Autárquico
Unificado de Seguridad Social, que impulsa el Ejecutivo, y que de acuerdo a lo esbozado en el proyecto de presupuesto deberá establecer un plazo de amortización no mayor que 25 años e incluir una tasa de interés sobre saldos, acorde a las vigentes para operaciones similares.
Otro tanto ocurre respecto de la modificación del código contencioso administrativo, con la que se pretende mantener el carácter declarativo de las sentencias condenatorias contra el estado, cuando la magnitud del monto involucrado pudiere provocar graves inconvenientes al Tesoro Provincial. En tales casos, se propone que sólo podrá solicitarse la ejecución del monto que expresamente sea afectado al pago de la deuda en el Presupuesto de cada año en curso.
