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n vecino denunció penalmente a funcionarios municipales por el desarme de su vivienda de uso familiar en el barrio de Andorra, a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con el Municipio en el marco de un expediente judicial.
Omar Dante Gandullo asegura que ocupaba la casa desde que terminó de construirla en el año 2005, y que en marzo de 2010, cuando la Justicia Civil había ordenado su desalojo, la medida fue frenada a instancias de la propia Municipalidad, porque se llegó a un acuerdo extrajudicial con las autoridades.
Sin embargo, el hombre denunció ahora que, sin mediar ninguna intimación previa ni accionar judicial, un grupo de integrantes de la cooperativa Magui Mar acudió al predio y procedió al “desarme ilegítimo” de la vivienda, aprovechando que él no se encontraba en el lugar porque había viajado a Misiones por razones de trabajo.
Según Gandullo, por orden de funcionarios municipales, los miembros de la empresa de seguridad se llevaron todas sus pertenencias “sin realizar ningún inventario previo” y ahora desconoce dónde fueron a parar.
El vecino le pidió al fiscal de turno y a la jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo de las actuaciones, que se investigue a los funcionarios del Municipio por los presuntos delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, “sin perjuicio de la calificación penal que correspondiere imputar al personal de la Cooperativa Magui Mar para el caso que faltare alguna de mis pertenencias particulares que según testigos fueron retiradas por los mismos”, indica la denuncia a la que accedió EDFM.

“Accionar ilegítimo”

En la presentación judicial, Gandullo reseñó que “debido a la crisis habitacional existente en Ushuaia y a los altos costos de los alquileres, comencé a construir una vivienda para uso personal” en el Valle de Andorra, durante el transcurso de 2005.
El hombre sostiene que desde que terminó la edificación habitó la casa “de manera continua”, y que recién se ausentó de ella por unos seis meses en septiembre de 2010, cuando fue contratado por la empresa “Constructora Deportiva S.A.” para realizar un trabajo en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones.
También dijo que dejó a cargo de la vivienda a un vecino y amigo y a su cuñado, quienes se encargaban alternativamente de ingresar a la propiedad regularmente.
Por todo ello, Gandullo califica el accionar del Municipio como “ilegítimo” porque fue llevado a cabo por “personal administrativo, sin el debido proceso legal de desalojo mediante las vías legales pertinentes, más aún cuando su dueño no tuvo intimación alguna para ello y por lo tanto no pudo ejercer su debido derecho de defensa de rango constitucional”.
El denunciante afirmó que la cuadrilla de Magui Mar estaba encabezada por el ex policía Roberto Vélez, y que todo el grupo actuó sin orden judicial de desalojo y sin tener en cuenta el expediente civil en trámite.
Sobre ello, explicó que en el marco de la causa Nº 8178 caratulada “Municipalidad de Ushuaia contra Gandullo Omar Dante”, que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 a cargo del juez Alejandro Fernández, la Justicia llegó a disponer el desalojo del predio el 22 de marzo de 2010.
No obstante, la orden no se cumplió porque “con fecha 6 de abril de 2010 fue suspendida a instancias de la Municipalidad de Ushuaia y por expresas directivas del Intendente Municipal Federico Sciurano, por haberse realizado un acuerdo extrajudicial para regularizar mi situación”, indica la denuncia.
Y agrega Gandullo que “encontrándose el desalojo de mi vivienda judicializado, es que la Municipalidad de Ushuaia sin orden judicial y utilizando vías de hecho manifiestamente ilegítimas, viola mi domicilio, desarma mi vivienda y se lleva todas mis pertenencias sin orden judicial alguna”.
“Con el expediente (civil) queda debidamente demostrado el accionar ilegítimo de los funcionarios que dieron la orden ilegítima”, abunda el denunciante su presentación ante la Justicia penal.
Consultado ayer por este tema, el intendente Sciurano dijo no tenerlo presente pero aseguró que el Municipio se maneja en estos casos con la documentación respaldatoria correspondiente y nunca en contra de los procesos judiciales en trámite, por lo que pedirá interiorizarse con más detalle de la cuestión, sobre la que solicitó “no opinar hasta conocer en forma más profunda”.