E
l informe redactado por Ramón López, interventor del cuartel de bomberos Zona Norte, sobre lo fiscalizado en su paso al frente de la institución es analizado por autoridades de Gobierno, quienes no descartan la posibilidad de denuncias penales y la realización de sumarios administrativos ante la existencia de presuntas irregularidades. Como se recordará, Ramón López culmina su función como interventor, aunque prácticamente estaría definida la continuidad de la intervención.
Consultado Daniel Ravaglia, secretario de Coordinación Ministerial, confirmó que el interventor del cuartel de bomberos voluntarios Zona Norte presentó el informe del estado de situación de la institución. “Me ha dejado copia del informe que va dirigido al ministro Aramburu. Hay un montón de consideraciones dentro del informe que hay que tener en cuenta para ver si constituyen delito para hacer las denuncias correspondientes. Hay posibilidad de que se prorrogue la intervención por un tiempo más”, comentó.
Ravaglia detalló que de la lectura del informe se desprende “una descripción que me parece podría generar una investigación”, y confirmó que “si vemos que hay un delito, lo tenemos que denunciar. Si no, incurriríamos en una falta”. El funcionario indicó que “todo comienza con una denuncia que hacen los propios bomberos voluntarios al señor Solari y luego de esta denuncia el gobierno provincial decide intervenir el cuartel”.
“Lo que tenemos que decirle a la comunidad, es que las asociaciones son instituciones sin fines de lucro, hay miles de asociaciones y sociedades en la provincia que funcionan y el estado solamente interviene cuando hay una denuncia o cuando hay una irregularidad manifiesta”, indicó.
Respecto a los controles que debían realizar los organismos encargados de fiscalizar mencionó que “si hay una asociación que efectúa determinada función, con determinado capital, socios, que me presenta un inventario y un detalle de las cosas que gasta y de los aportes que recibe de distintos sectores, yo no tengo porque sospechar que se están haciendo mal las cosas, porque tendría que sospechar de todos. La verdad es que el estado no debe cumplir la función de investigar ya que en el medio hay firmas de contadores, de escribanos que dan fe de la documentación que se presenta. Si alguien del cuartel de bomberos observa que la institución está siendo vaciada debe denunciarlo. Entonces sí el estado debe intervenir por lo menos para comprobar si esta denuncia es fehaciente o no, si todo se ajusta a las reglas, a las normas y los estatutos. Uno interviene cuando hay una denuncia o irregularidad manifiesta”.
Ravaglia fue claro al expresar que “la misma asociación es la que custodia los bienes de la asociación”. En tanto, respecto del funcionamiento de la institución a pesar de la intervención, admitió que “un cuartel de bomberos necesita dinero para funcionar y estamos en una situación crítica que también es descripta por López en el informe. Para nosotros, auxiliarlos para que siga funcionando también implica encontrar una figura legal. Como no tienen el certificado de situación regular, es complicado asistirlos, pero lo estamos analizando”.
Finalmente, reiteró que “el control lo ejercen los asociados. Si a mí me traen un balance aprobado por los socios, que dicen que está todo bien, y ellos cubren las emergencias no tengo porque sospechar. Somos organismos de control, pero mientras digan que está todo bien, no hay problemas; si no, intervengo”.
El informe de López
Asimismo Ravaglia confirmó que Ramón López le entregó “el informe final. Hemos discutido mucho sobre cuestiones de una rifa que se estaba comercializando. Hay bomberos que cobran viáticos con cifras similares todos los meses a modo de un salario encubierto. Algunas de estas irregularidades irán a la justicia como denuncias penales y otras realizaremos sumarios administrativos. La IGJ también está interviniendo en el caso porque es el órgano que regula las asociaciones, Defensa Civil también está interviniendo asesorando y el señor López está revisando cada uno de los papeles buscando falencias en cuanto a la administración”.
Por último, dijo que “después de esto vamos a ver cómo articulamos las cosas para que no nos pase lo mismo en otro cuartel de bomberos. Estoy prácticamente convencido que esto termina en una denuncia penal, tengo serias dudas de cómo fue administrado el cuartel”.
