P
or entender que el desigual tratamiento impositivo plasmado en la última reforma tarifaria resulta discriminatorio en perjuicio de algunas actividades industriales y violatorio del principio de igualdad ante la ley, la Unión Industrial Fueguina solicitó a la Gobernadora y al Parlamento se modifique el artículo 3 de la ley 854, para posibilitar que todos los sectores de la industria puedan acceder de igual manera al beneficio de reducción de tasa de verificación de procesos productivos que alcanza, en la actualidad, a la electrónica.
Piden también que se reduzca del 3,5% al 2% la tasa para la fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario. El reclamo fue formalizado a la gobernadora Ríos el 1 de noviembre, mismo día de entrada en vigencia de la mencionada ley, y el 18 de noviembre ante la Legislatura.
El pedido al Ejecutivo
En la nota remitida a la mandataria se manifiesta la inquietud que existe en “los sectores no vinculados a la electrónica y aire acondicionado” por el desigual tratamiento recibido en la ley tarifaria.
En el escrito, que lleva la firma de Guido Lavalle, se indica que a la UIF le “parece oportuno y acertado que las inversiones que realicen nuestros asociados motoricen desgravaciones impositivas en general”, pero consideran “un error que este enfoque que es un beneficio para las empresas y un aliento para invertir se circunscriba a uno o dos sectores”. Agregan, además, que “no es fácil entender la razón por la que no alcanzan a todos los sectores industriales como textil, confección, plástico, químico, etc”. También cuestionan que desde el Estado se siga “castigando a la fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario (Tecnomyl S.A.) con 3,5% de Tasa de Verificación de Procesos Productivos”. En función de ello, reclaman una “distribución de beneficios en forma equilibrada dentro del principio consagrado de igualdad ante la ley” y que desde el Ejecutivo se tomen los “recaudos a su alcance para hacer extensivo a los demás sectores el beneficio que implica la desgravación por las inversiones realizadas.
A corregir el “desatino” parlamentario
Por su parte, en la presentación formalizada por la UIF ante los legisladores, se sostiene que “si se atiene al mínimo costo fiscal presunto que hubiera significado avalar una norma que no discrimine al beneficio en forma sectorial, cuesta más aún entender los motivos de tal desatino”, en referencia al desigual tratamiento impositivo que contempla la norma que fuera el pasado 27 de octubre.
Para corregir este “desatino” impulsan una reformulación de la ley en cuestión. En concreto, proponen que la alícuota general del 2% por Tasa de Verificación de procesos Productivos alcance también a la “fabricación de plaguicidas y productos químicos de uso agropecuarios”, es decir que se reduzca en un 1,5% la alícuota para esa actividad que en la actualidad es del 3,5%.
Además, solicitan que la reducción al 1,5% de la alícuota general del 2% no esté limitada únicamente a los establecimientos industriales dedicados a la fabricación de productos eléctricos y/o electrónicos. Este cambio normativo, de ser avalado por la Legislatura, permitirá que todos los sectores de la industria que hayan “renunciado a iniciar cualquier tipo de reclamo arbitral, administrativo o judicial tendiente a impugnar total o parcialmente la aplicación de la Tasa de Verificación de Procesos Productivos” y “en la Provincia de Tierra del Fuego, por sí o a través de una empresa vinculada, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el último día del mes anterior al nacimiento del hecho imponible, inversiones en activos fijos…” puedan beneficiarse de la alícuota reducida.
En cuanto al impacto que tendría sobre la recaudación la generalización del beneficio, se sostiene que ese “costo fiscal” seguramente será inexistente ya que “premiar al que invierte redundará en más inversión y puestos de trabajo”.
Esta suposición hasta ahora no es más que eso, ya que tanto desde el ministerio de Economía como desde la Secretaría de Ingresos Públicos se ha reconocido que resulta sumamente complejo determinar si un mayor nivel de inversión en activos fijos compensará la baja de recaudación por reducción de tasa de verificación. Por el momento, la única estimación realizada por la cartera económica indica que por aplicación del beneficio únicamente a la industria electrónica se dejarían de percibir cerca de 60 millones de pesos al año.
