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ara dar continuidad a las designaciones de Mara Vallejos y Ernesto Bonomi como tesorera General y contador General de la Provincia, el Poder Ejecutivo echó mano a poco ortodoxos mecanismos para ratificarlos en sus cargos, por cuanto para ello la Gobernadora resolvió derogar los decretos mediante los que había aceptado sus respectivas renuncias.
Este poco habitual proceso tuvo inicio el pasado 15 de diciembre, cuando la gobernadora Fabiana Ríos aceptó, a través de los decretos 2974 y 2975, las renuncias que le habían sido presentadas por el Contador General de la Provincia, Ernesto Estanislao Bonomi, y la Tesorera General de la Gobernación, Mara Angelina Vallejos.
En esa oportunidad había dispuesto que los alejamientos se hicieran efectivos a partir del 17 de diciembre. Es decir, el mismo día en que vencía su primer mandato como gobernadora y juraba por segunda vez consecutiva al frente del Poder Ejecutivo.
Tres días después de su reasunción, el 20 de diciembre, la Gobernadora dictó el decreto 3067/11 derogando los decretos de aceptación de renuncia de Bonomi y Vallejos.
La decisión parece apuntada a evitar seguir el procedimiento para la designación del Tesorero y Contador reglado por la ley de Administración Financiera, que determina que esos nombramientos deben contar con acuerdo legislativo.
Si bien la ley 679, modificatoria de la de Administración Financiera, estableció que los funcionarios designados al frente de la Tesorería y la Contaduría durarán en sus cargos por un período de 4 años y que Vallejos y Bonomi habían sido nombrados el 3 de octubre y el 1 de noviembre del año pasado, respectivamente (por lo que se encontraban dentro del período de duración en el cargo previsto en la normativa en cuestión), al haber la Gobernadora aceptado las renuncias de ambos funcionarios debió volver a designarlos y someter esos nombramientos a ratificación parlamentaria. En lugar de ello resolvió volver sobre sus pasos y dejar sin efecto las normas por las cuales había aceptado ambas dimisiones.
Esta conducta pone en evidencia, una vez más, la propensión de la gestión Ríos por buscar atajos o forzar interpretaciones legales que ponen muchas de sus decisiones al filo de la irregularidad, cuando no del incumplimiento de las leyes vigentes.
