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a denuncia penal presentada por los ex legisladores de Encuentro Popular sobre presunto delitos cometidos en el trámite de concesión de la obra del Puerto de Río Grande no será investigada hasta después de la feria judicial, confirmaron ayer fuentes tribunalicias.
La presentación realizada en diciembre último por los ex parlamentarios Manuel Raimbault, Verónica de María y Elida Deheza, permanece aún bajo la órbita del fiscal de feria Fernando Ballester Bidau, quien todavía no efectuó el requerimiento de instrucción, un paso indispensable para motorizar la causa.
Aunque se especulaba que por la importancia del tema, el representante del Ministerio Público iba a dar ese paso durante el presente mes, ayer una fuente de la Justicia ratificó que se esperará el regreso a sus actividades del jefe de Fiscales, Oscar Fappiano, y del fiscal Mayor Guillermo Massimi. Ambos funcionarios judiciales habían estado presentes en el momento de la denuncia.
Hasta que no haya requerimiento no se sabrá cuál es el juez interviniente (podría tocarle al juzgado de instrucción de Primera Nominación, a cargo de Javier de Gamas Soler, o al de Segunda Nominación, a cargo de María Cristina Barrionuevo).
Aún así se descarta que una de las primeras medidas de prueba será la extracción de una copia certificada o la incautación del expediente 17336/2010 del Ministerio de Obras Públicas, que sirvió de base al proceso administrativo que se denuncia y que está caratulado “S/ Ministerio de Obras y Servicios Públicos s/ continuación construcción puerto Caleta La Misión, señalaron las fuentes.
Además, la Justicia deberá evaluar el contenido del decreto 2423 suscripto por la gobernadora Fabiana Ríos el 5 de octubre de 2011 que ratificó la Carta de intención suscripta entre las autoridades provinciales y la empresa “Servicios Navieros y Portuarios Piedrabuena S.A”, cuyo objetivo central es la continuidad de la obra del puerto.
Como ya adelantó EDFM, los denunciantes aducen que en esta tramitación existió una violación a las normas administrativas, pero también un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Uno de los mayores cuestionamientos es la revelación de que la empresa francesa IFEFI, que en el expediente se menciona como financista de la obra, se encuentra en proceso de quiebra en su país.
