E
l Poder Ejecutivo vetó totalmente la sustitución del artículo 117 del Código Fiscal, que fuera sancionado de manera unánime por la Legislatura el pasado 21 de diciembre, por entender que la modificación de la base imponible para la comercialización de vehículos usados constituía una excepción a la regla general del Impuesto sobre Ingresos Brutos, con lo que se “desvirtuaba la naturaleza del tributo” al crear una situación de desigualdad de trato entre los contribuyentes.
La iniciativa parlamentaria pretendía que para las operaciones “de comercialización de bienes usados adquiridos para su posterior venta o recibo como parte de pago de unidades nuevas o usadas” la base imponible fuera “la diferencia entre su precio de venta y el monto que se hubiere atribuido en oportunidad de recepción”, cuando la norma original –vigente desde diciembre de 1998– establecía que “en el caso de comercialización de bienes usados recibidos como parte de pago de unidades nuevas, la base imponible será la diferencia entre su precio de venta y el monto que se le hubiere atribuido en oportunidad de su recepción”.
El cambio impulsado por el Parlamento no era menor, ya que con la norma vetada se modificaba la base imponible para la compraventa directa de usados equiparándola con la correspondiente a la de aquellas operaciones en que el usado se toma como parte de pago por la compra de un vehículo nuevo.
En la sesión extraordinaria se había indicado que el criterio que regía en la materia era producto de un “error involuntario” cometido por el Ejecutivo o por el Parlamento que debía ser corregido a instancias de un pedido emanado desde el Consejo Federal de Ciencias Económicas. Incluso se había indicado que en otras jurisdicciones del país también se estaba aplicando este nuevo criterio como herramienta para sincerar el mercado de compraventa de usados y evitar así que la mayoría de esas operaciones se declaren como ventas en comisión.
A partir de la determinación adoptada habrá que ver si algunos de los legisladores cambian el criterio sustentado en la sesión del 21 de diciembre, ya que de no ser así el Parlamento tendría garantizado los votos necesarios para insistir en la sanción de esa norma.
