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iferentes asociaciones civiles comprometidas con la defensa de los derechos humanos se hicieron presentes ayer martes en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, solicitando la intervención de este organismo en el caso caratulado “Alarken SA c/ Ruiz Barrientos, Héctor y Morinigo, Juan y/o Subin, y/o terceros u ocupantes s/desalojo”. El desalojo fue dispuesto por el STJ en plena feria judicial y fue suspendido momentáneamente por el juez Alejandro Ferreto.
Cabe recordar que desde el año 1986, a la vera del arroyo Grande vive un grupo de familias, y en 2006 comenzó la demanda para desalojarlas. En las dos primeras instancias se desestimó la demanda y la Justicia no dio lugar al reclamo y falló a favor de los ocupantes del predio.
Los propietarios del hotel presentaron un recurso extraordinario ante el STJ, a cargo de la Dra. María del Carmen Battaini y Dr. Carlos Gonzalo Sagastume. El fallo es revisado por el STJ y es éste quien dispuso el 5 de julio del 2011 hacer lugar al recurso del propietario del terreno y disponer el desalojo de las familias.
Dicho fallo no tiene en cuenta que las familias están antes de que las tierras fiscales sean entregadas a valores irrisorios al señor Pastoriza para luego ser vendidas a Alarken SA y que el Estado no resolvió la situación de las familias cuando hace el traspaso de las tierras al señor Pastoriza y ahora deja en la calle a varias familias. Las organizaciones que firmaron el documento fueron, la CTA, la agrupación ANUSATE, APDH (Asamblea Permanente por los DDHH), UCRA ( Unión de Conductores de la República Argentina), SITRACOM (Sindicato de Trabajadores de Comercio) y el Foro Social Urbano.
En este sentido, la secretaria General de la CTA, Silvia Paredes, comentó que “nos hicimos presentes para hablar con Nélida Belous, pero como estaba en una reunión se comprometió a llamarnos. Lo que queremos es que el Estado tome intervención en esto, que sea mediadora entre ambas partes, la empresa y los vecinos porque el caso va por dos instancias. Uno el proceso de desalojo que tiene sentencia firme, pero quien la puede revertir es la misma empresa” y agregó que “lo otro es el derecho de la familia de acceder a una vivienda, por eso decimos que la Secretaría tiene que contemplar esa situación, porque es lo que afecta esta decisión del STJ, precisamente uno de los derechos humanos como el acceso a la vivienda”.
Además, consideró la dirigente gremial que “esta gente está viviendo en se lugar cuando eran tierras fiscales y después la comisión de tierras que se creo cuando se hizo provincia, le dio las tierras a Pastoriza con la gente adentro y este las vendió a la empresa con todos adentro. Además, en su momento la cambiaron la zonificación de bosque comunal y pasó a ser de un privado que vendió con la gente allí”.
Asimismo, se elaboró un petitorio para el Fiscal de Estado, solicitando que investigue si el fallo del STJ no atenta contra el patrimonio de la provincia al reconocer la tenencia de la tierra sobre la margen del Arroyo Grande a la empresa Alarken SA.
