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as autoridades de la Municipalidad de Ushuaia salieron al cruce de la presentación del Fiscal de Estado, orientado a que la justicia falle a favor de la aplicación de la ley 648, que dispone un 25% para Educación descontado del total de la masa de ingresos, y no de la parte que le queda a la Provincia como se venía haciendo.
Tras señalar que “el Fiscal de Estado obviamente defiende los intereses provinciales”, la secretaria general de Gestión Estratégica, Adriana Chapperón, subrayó que “nosotros este tema ya lo hemos discutido el año pasado, cuando comenzamos a analizar el proyecto de presupuesto provincial 2012”, y que “quedó claro con una modificación que se le hizo en el momento de la sanción de la ley, aclarando que ese 25 por ciento corresponde descontar después de la distribución de la coparticipación”.
“Así que ya en ese momento, la voluntad del legislador queda expresa desde que se hace esta modificación”, anotó, para señalar luego que “en el 2004 la ley vuelve a sufrir una nueva modificación, y no se tiene en cuenta esa primera modificación, pero como ya se había discutido el asunto antes para los municipios hoy es impensado que no puedan disponer de esa cantidad de dinero”.
En ese sentido, la doctora Chapperón admitió que “hay una necesidad de poder dialogar sobre este asunto”, y destacó que “actualmente hay voluntad, de parte de la Provincia, de establecer esta relación de diálogo; más allá de que la presentación del Fiscal de Estado seguirá su curso hasta tanto el Superior Tribunal decida qué hacer”.
“Pero entiendo que también van a haber reuniones con los legisladores, que serán quienes, como en aquel momento, hagan esa aclaración a través de una modificación de la ley; en caso de que entiendan como nosotros, de que es imposible para los municipios afrontar realmente esa interpretación que hoy hacen de la Ley de Educación” , señaló la funcionaria comunal.
“Acá no se trata de que unos perjudiquen a otros”, remarcó, para considerar luego que “el Estado debe atender la parte que le corresponde, y eso no puede ser a costa de otros”, por lo que “si hay una ley inviable, hay que repensarla”.

Antecedentes

Respecto de la posible retroactividad de los descuentos al año 2005, la Secretaria General de Gestión Estratégica de Ushuaia observó que “a mí me surge un interrogante, y tiene que ver con el hecho de que si la Provincia, que en ese momento entendía que debía hacer ese descuento, al no hacerlo no puede implicar que hoy los municipios hayan contraído una deuda retroactiva al 2005”.
Aclaró no obstante que “esa no es la interpretación que hace el Municipio, porque si uno toma lo que fue el espíritu de los legisladores en su momento, entendemos que hicieron esa modificación al artículo, aclarando que el descuento debe ser posterior a la coparticipación a los municipios, justamente para salvar esa situación que hoy discutimos”.
Recordó que “la gobernadora Fabiana Ríos ejerce el Poder Ejecutivo desde el 2007”, con lo cual consideró que “si su equipo técnico hubiese interpretado eso en aquel momento también debió haberlo planteado”.
Chapperón observó también que “hubo una reunión de partes en el Superior Tribunal de Justicia por el asunto de la deuda de la Provincia hacia los municipios, y se llegó a un acuerdo de cómo pagarse y cómo se debía transferir los fondos de la coparticipación a partir de entonces; y en esa oportunidad tampoco se habló de hacer un descuento previó a distribuir los fondos a los municipios por la Ley de Educación”.
Entendió que tales antecedentes no constituyen “un tema menor, y deberán tenerse en cuenta antes de emitir una sentencia por este asunto”.

Preocupación

Chapperón expresó que la presentación del doctor Virgilio Martínez de Sucre ha generado “gran preocupación en los municipios”, y que ahora están a la espera de saber “cuál va a ser la decisión judicial”.
Consideró también “lamentable que no se hayan podido mantener esas reuniones previamente, para poder dirimir las diferencias a través de las discusiones que tenían que darse; porque, una vez, el Superior Tribunal de Justicia se va a constituir el árbitro en una discusión entre la Provincia y los municipios, en lo que las partes entendemos que fue el espíritu de los legisladores al sancionar esa Ley de Educación”.
“Le han transferido esa responsabilidad a la Justicia, que ahora deberá dictar una declaración de certeza”, fustigó la funcionaria de Ushuaia, quien insistió en que “ahora no queda otra que esperar ese pronunciamiento”, más allá de que también adelantó que “nos vamos a estar reuniendo por este asunto no solamente con el Gobierno provincial sino también con la gente de la Legislatura, y con el Municipio de Río Grande y la Comuna de Tolhuin”.