E
l famoso mito urbano según el cual un cajero bancario hizo una fortuna quedándose con los centavos de cientos de cajas de ahorro, tuvo su capítulo en Ushuaia, sólo que el protagonista no fue un cajero sino un supervisor del Banco de Tierra del Fuego, y las sumas extraídas no fueron millonarias porque el sujeto fue descubierto, juzgado y sentenciado por la Justicia.
El empleado infiel se llama Miguel Ángel Paillacar Andrade, tiene 40 años y en 2006 se desempeñaba como “supervisor operativo a cargo de la Contaduría de la sucursal Ushuaia del BTF”.
Mediante una maniobra que descubrió luego la Gerencia de Operaciones y el área de Auditoría Interna de la entidad, Paillacar Andrade lograba quedarse con el dinero depositado en cajas de ahorro “inmovilizadas”, porque sus titulares habían dejado de operar en ellas por períodos de tiempo prolongados.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia dio por probada la extracción ilícita en cinco casos concretos (de seis que fueron denunciados penalmente por las autoridades del banco) y condenó al hombre a dos años y diez meses de prisión en suspenso, más cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el delito de estafas reiteradas.
El juicio oral finalizó el 15 de febrero de este año con la lectura del veredicto por parte de los jueces Roberto Magraner, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía.
La maniobra
Durante el proceso judicial se demostró que Paillacar Andrade identificaba primero las cuentas bancarias de clientes cuyos saldos se encontraban inmovilizados porque los titulares no operaban con la entidad desde hacía mucho tiempo.
Los casos eran variados, pero en general se trataba de personas que ya no vivían en la provincia, y que por algún motivo habían dejado saldos favorables en las cuentas. Un ejemplo es el de una mujer que había hecho un reclamo al ANSES y luego, por haber cambiado de empleo, jamás se enteró de un depósito realizado por la entidad nacional a su nombre mucho tiempo después de efectuada la solicitud.
En otros casos, un hombre vivía desde hacía siete años en Chiloe, Chile, otro en Córdoba, otros tenían domicilios desconocidos o ignoraban que su cuenta siguiera en vigencia.
Lo cierto es que el supervisor, utilizando su clave informática de identificación en el sistema del banco, daba de alta a las cuentas inmovilizadas fingiendo un depósito de 100 pesos, que nunca tenía lugar realmente.
Con posteridad, se acercaba a la línea de cajeros y les decía a algunos de ellos que el cliente de la cuenta se encontraba en Contaduría pretendiendo extraer el saldo. El cajero le daba el dinero en efectivo y dos comprobantes, uno de los cuales era regresado por el supervisor al día siguiente, con una firma falsa del cliente.
Durante el juicio se dio por probado que ese procedimiento, basado en la confianza, es común entre los empleados bancarios.
Usando el mismo “modus operandi”, Paillacar Andrade se hizo de 10 mil pesos el 7 de agosto de 2006, de 2.330 pesos el 4 de septiembre, de 3.072 el 9 de junio, de 2.736 el 3 de julio y de 2.310 el 19 de septiembre, siempre del mismo año.
Otra extracción de $5.080, realizada el 19 de abril de 2006, no pudo ser acreditada porque nunca apareció el comprobante con la firma falsa.
“Las extracciones se efectuaban de manera informal (…) el imputado se acercaba a las cajas solicitando la extracción de dinero de una determinada cuenta, aduciendo para ello que era de un amigo o de otra persona que estaba en el sector de Contaduría, razón por la que los cajeros le entregaban el dinero y dos comprobantes”, escribió el juez García Arpón en los fundamentos del fallo al que accedió EDFM.
El tribunal marcó una diferencia en la calificación de los hechos respecto de la considerada por el fiscal Mayor Guillermo Massimi. Es que mientras el empleado fue condenado por estafas reiteradas en perjuicio de los titulares de las cuentas bancarias, el fiscal sostuvo que hubiese correspondido aplicar la figura de defraudación contra la administración pública, teniendo en cuenta que se perjudicó al patrimonio de una entidad estatal.
Paillacar igual fue inhabilitado por cinco años y además deberá someterse a reglas de conducta, como comunicar cualquier cambio de domicilio, someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados y abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
