L
uego de interminables dilaciones, la ex apoderada de la empresa fantasma Glisud SA, Graciela D`adamo, se presentó finalmente a prestar declaración indagatoria ante el juez de instrucción Javier de Gamas Soler, que investiga el escándalo de corrupción ocurrido durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
D`adamo, bautizada Gatúbela por el disfraz con que aparece en las fotografías que acompañaron la difusión púbica del caso, se presentó el pasado miércoles 7 de marzo en el edificio de Tribunales de Monte Gallinero, acompañada de su abogado defensor, el ex juez provincial Luis Felipe Ricca.
Según confirmaron a este medio fuentes judiciales, la mujer hizo uso de su derecho a negarse a declarar, y tampoco se prestó a realizar un “cuerpo de escritura” que había solicitado el magistrado para verificar la falsedad de una firma suya incluida en un documento.
De este modo, y luego de un breve trámite, la ex apoderada de la firma acusada de quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, a precios subvaluados, abandonó el juzgado a la espera de que exista una definición en la causa.
La declaración de “Gatúbela” se había convertido en una verdadera novela dentro de los pasillos de tribunales. Es que la mujer, de profesión contadora pública, no asistió en tres oportunidades distintas en que fue citada por la Justicia. Y la cuarta vez, el último 14 de febrero, volvió a argumentar que si bien ella estaba en condiciones de declarar, no se encontraba presente su abogado por “razones personales”.
Debido a la complejidad del expediente, la Justicia optó por no obligarla a que designara a un defensor público y volvió a citarla para esta última instancia en que sí compareció acompañada por Ricca.
Con ello, el juez de Gamas Soler contaría ahora con todos los elementos de prueba necesarios como para definir la situación procesal de los imputados, entre quienes se encuentra el ex administrador del Fondo Residual del BTF durante el manfredottismo, Gustavo García Casanovas y más representantes de la empresa Glisud.
Aunque conocida públicamente con anterioridad, esta causa judicial es a la que aludió la gobernadora Fabiana Ríos en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el pasado 1 de marzo.
La mandataria la puso como ejemplo de la burocracia que afecta a todos los poderes del Estado, incluido al Judicial.
De lo difícil a lo fácil
La presunta maniobra delictiva que investiga la Justicia tiene como base los concursos públicos organizados por el Fondo Residual a finales de 2002, que posibilitaron la venta de créditos hipotecarios del organismo.
La investigación analiza diferentes aspectos de la operatoria, por ejemplo la utilización como forma de pago de títulos públicos defaulteados que fueron tomados a su valor nominal (por sobre otras ofertas en efectivo) al parecer al amparo de una ley provincial que así lo autorizaba. Por cuerda separada, incluso, se investiga si mediante la compra de esos títulos y la oferta en los concursos del Residual se pretendió realizar una maniobra de lavado de dinero.
Sin embargo, tras la declaración y las pruebas aportadas por el principal testigo de la causa, Víctor Tela, el caso parece encaminado, ahora, a demostrar un episodio mucho más burdo.
Es que la contadora D´adamo, que supo ser asesora del ex vicegobernador Daniel Gallo en la Legislatura provincial, aparece firmando como apoderada de Glisud, la oferta de la empresa fantasma realizada el 30 de diciembre de 2002, para adjudicar los créditos hipotecarios de María Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano.
En ese documento, según se presume, todos los datos son falsos: el DNI de la mujer, la dirección, y también la firma.
Una pericia ordenada luego por el juez De Gamas Soler confirmó lo que antes era una sospecha firme: que la oferta habría sido elaborada dentro de las oficinas del propio Fondo Residual, probándose de este modo la complicidad de ex funcionarios y la empresa para adjudicar los créditos.
D´adamo, como ya informó este medio cuando reveló el caso, regenteaba un prostíbulo en la calle Corrientes 1888 de Buenos Aires, que figura como domicilio legal de Glisud.
La empresa fue constituida por Máxima Correa e Ilda Belusci, dos ancianas indigentes que aparecen vinculadas a otros cientos de empresas fantasmas. Según registros oficiales, Correa figura en la constitución de 196 sociedades, mientras que Belusci creó 285. En todas esas escrituras actuó el mismo grupo de escribanos. Dos de ellos Horacio Geller Gorodisch (intervino en Glisud) y Rubén Oscar Erviti fueron destituidos por el Colegio de Escribanos de Buenos Aires.
Pero cuando Glisud se presentó en Ushuaia en diciembre de 2002, las ancianas fundadoras ya eran historia. La empresa había sido transferida a Enrique Rolando Pinto (ex empleado de Gallo en la Cámara de Diputados de la Nación) y Melina Tamara Solari (hijastra de Pinto) y los apoderados eran el abogado Francisco Martín Grondona y la mencionada D´adamo, ambos imputados en la causa judicial que, luego de diez años, parece haber ingresado en etapa de definiciones.
