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l intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, y su par de Río Grande, Gustavo Melella, realizaron ayer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia en torno a la pretensión del Ejecutivo provincial de destinar el 25 por ciento a educación previo a la distribución de los porcentajes de coparticipación a las administraciones comunales de ambas ciudades.
El titular del ejecutivo de Ushuaia, argumentó la decisión en el hecho de que “una declaración de certeza (como la que pidió al Provincia en la Justicia) se plantea cuando se tiene una duda; y en este sentido, la presentación hecha desde la Fiscalía de Estado y el gobierno fueguino no transmite ninguna duda sino que se concentra en dar por hecho una situación bastante compleja”.
Antecedentes
Recordó que “hay una ley que fue modificada en el 2004, y que después ese mismo grupo de legisladores que la modificaron aprobaron dos presupuestos con montos y porcentajes destinados a los municipios que no tienen absolutamente nada que ver con lo que reclama hoy el gobierno provincial en estos términos”.
Observó que “cuando el propio Estado es el que va generando antecedentes históricos sobre la forma de distribuir el dinero de la coparticipación, inclusive en momentos de mucha tensión como sucedió durante la época del gobernador (Jorge) Colazo con los intendentes (Jorge) Martín y (Jorge) Garramuño, en ningún momento interpretaron que la distribución del 25% debía ser anterior al envío de coparticipación a las distintas instituciones de la Provincia”.
Sciurano dio cuenta de “un esquema que es muy serio, y que tiene que ver con el hecho de que sería prácticamente inviable la administración del estado municipal en una marco de discrecionalidad que el Estado provincial interpreta que debe tener para decidir cuáles son los importes que debe debitar de la coparticipación”.
Discrecionalidad del Gobierno
Anotó que “al hablar de un mínimo del 25 por ciento, el Gobierno provincial se arroga un factor de discrecionalidad de destinar más recursos a la Educación que los municipios. Así de ridículo está planteado hoy el tema”.
El Intendente de Ushuaia aclaró que la presentación que realizarán ante el Superior Tribunal de Justicia “no está limitada a defender a los municipios, sino que estamos tratando de plantear una cuestión de sentido común, de manera que hasta la persona que no sea letrada, o que no esté en los lugares que ocupamos nosotros se dé cuenta que hay algo que no cierra y que es extraña”.
“Por eso me parece que hay un dato histórico que es fundamental, y que es el hecho de decir que teóricamente esto debió haberse aplicado ene l 2005, y que a partir de ese año hubo una cantidad de leyes sancionadas que hay que valorar e interpretar; teniendo en cuenta que fue lo que quisieron decir los legisladores cuando efectivamente sancionaron la norma”.
Advirtió que “si es el Gobierno quien decide cuánta plata le manda a los municipios cae la sustentabilidad de independencia que tiene los municipios que establece nuestra Constitución Provincial; porque cuando (la Carta Magna Fueguina) reconoce la independencia de los municipios está planteando también la independencia económica y financiera”.
Sciurano señaló que “a la gobernadora le molestó cuando dije que estamos judicializando las decisiones políticas, que deben ser adoptadas por los políticos, quienes deben tener la suficiente capacidad para encontrar los lugares adecuados para hablar de los temas que son serios, y no tener que involucrar en una situación de incertidumbre como en la que estamos hoy, lamentablemente”.
Observó que “nosotros tenemos la firme convicción de que a partir de la participación de algunos funcionarios provinciales, junto con los legisladores de todos los bloques políticos de la Cámara, vamos a poder encausar este tema, de tal forma que podamos dar un cierre definitivo a esta discusión que parece no tener fin, porque siempre surge algún inconveniente que hace que sigamos hablando de lo mismo”.
