D
ando respuesta a una presentación motorizada por el Centro de Ex Combatientes de La Plata, la Corte Suprema de Justicia consideró “causa de trascendencia” al recurso de queja contra el fallo que rechazó considerar delitos de lesa humanidad los estaqueos, torturas y tratos crueles e inhumanos que sufrieron soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas, a manos de oficiales y suboficiales.
Se trata de los expedientes 101/2012 impulsado por los abogados Silvina Negrete y Jerónimo Guerrero Iraola, en representación de una agrupación de ex combatientes; y el 85/2012, por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier de Luca.
Ambos recursos apuntan a revertir el fallo de la propia Cámara de Casación que en 2009 consideró que las denuncias de un centenar de combatientes sobre “torturas, estaqueos, muertes por hambre y hasta un asesinato” no podían ser encuadradas dentro de la categoría de “delitos de lesa humanidad” (y por lo tanto imprescriptibles). Así, la Sala Primera de ese Tribunal penal, sin avanzar sobre la gravedad de los delitos imputados a los oficiales mayores durante la guerra, dio por extinguida la acción penal por prescripción por el paso del tiempo.
Las apelaciones llegaron a la Corte en las últimas dos semanas. El 21 de marzo ingresó la del fiscal De Luca y el 26 la de la querella del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que fue acompañada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos –encabezadas por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, mediante un amicus curiae, es decir como un aporte de quien no es parte directa en la causa pero tiene interés en que se haga justicia.
“Pensar la Guerra de Malvinas en el marco de la dictadura remite directamente a desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los propios protagonistas de la conflagración. Los mismos oficiales que llevaron adelante el terrorismo de Estado condujeron la guerra y disciplinaron a los soldados con las mismas metodologías del horror: vejámenes, estaqueos, torturas, simulacros de fusilamiento, castigo físico y presión psicológica”, indica el planteo que impulsó la Comisión Provincial por la Memoria.
El 27 de marzo, el expediente fue asignado a la Secretaría Judicial Nº 3, a cargo de Esteban Canevari. Fue en ese escenario que la causa fue considerada “de trascendencia” (es decir que no se trata de una causa de “mero trámite” si no que reclama una atención especial a la problemática que el conflicto judicial en juego implica) y fue notificada a cada uno de los siete jueces del alto tribunal.
El paso que sigue será decidir si la Corte le pide opinión a la Procuración General de la Nación, encabezada por Esteban Righi, o si le encarga a Canevari que redacte un proyecto de resolución. Esa decisión será adoptada por los jueces de la Corte.
El fallo comenzará a circular la semana próxima. El primero en pronunciarse será Raúl Zaffaroni, ya que su especialidad es el Derecho Penal, la misma que tiene la segunda en opinar, Carmen Argibay. Luego será el turno de Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y el presidente del Tribunal, Ricardo Lorenzetti. En última instancia se debe pronunciar el decano de los jueces de la Corte, Carlos Fayt.
La causa por torturas se inició en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, a cargo de Lilian Herraez.
Fue ella quien en primera instancia consideró imprescriptibles los delitos achacados al subteniente Jorge Taranto, quien alcanzó cierta notoriedad pública pues conducía el programa radial “Malvinas, la verdadera historia”, por Radio 10.
La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pero la Casación, con la firma de los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, lo dio vuelta. De los tres, sólo Madueño sigue siendo juez. Rodríguez Basavilbaso cesó en el cargo el 23 de agosto de 2011, en tanto que Fégoli dejó de ser juez el 1º de febrero último.
