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través de un documento distribuido a los medios de prensa, el presidente de la Unión Cívica Radical de Tierra del Fuego, Pablo Blanco, informó que el partido que conduce declaró “completo apoyo a que YPF vuelva a manos del Estado Nacional porque los recursos estratégicos de la Nación deben estar administrados, garantizados y tutelados por el Estado”.
Agregando que “apoyar esta estatización no significa que la Unión Cívica Radical haya perdido la memoria ni que convalide, de este modo, la pésima gestión de las sucesivas administraciones Kirchner en lo que respecta a la política energética. La expropiación que el gobierno nacional ha realizado sobre las acciones de la empresa Española Repsol es la prueba más categórica de dicho fracaso”, fustigó el dirigente. Interpretando que es “cuanto menos llamativo que, a 9 años de gestión interrumpida, recién ahora el gobierno haya caído en la cuenta de que, lejos de propender al autoabastecimiento de combustibles, la empresa española giraba dividendos al exterior sin invertir lo suficiente para aumentar las reservas y la producción”.
Entre las consideraciones efectuadas, Blanco cuestionó que “no se haya revisado la actuación del denominado Grupo Eskenazi en la composición y proporcionalidad de las acciones de la compañía”, y repudió “la designación del Ministro Julio de Vido”, a quien calificó de “principal artífice responsable del fracaso de nuestra política energética, al frente de YPF”.
“El radicalismo tiene memoria. La suficiente para recordar que quienes hoy impulsan la estatización fueron los mismos que ayer rifaron las acciones de la empresa al capitalismo depredatorio”, reforzó.
Finalmente, el documento que lleva la firma de Pablo Blanco y de la Tesorera de la UCR fueguina Anamaría Manzur, expresa su creencia que de la misma manera que lo hizo el ex presidente Hipólito Yrigoyen, “el dominio del factor energético forma parte indisoluble de nuestra soberanía”, por lo que piden y exigen “que el proceso de estatización sea auditado por el Congreso de la Nación, porque tenemos en claro que una empresa estatal, sin control público, puede transformarse en una fenomenal fuente de corrupción”.
