E
l bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Deliberante de Ushuaia celebró la sanción –“luego de varios años de debate”– de la ordenanza de protección ambiental, la cual establece “los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente urbano, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”.
Además, define el marco regulatorio para la evaluación de impacto ambiental, visual y paisajístico de “los proyectos, obras o actividades públicas y privadas que, por su magnitud, modifiquen directa o indirectamente el ambiente –natural o urbanizado– del ejido municipal”.
Al respecto, la concejal Viviana Guglielmi dijo sentir “mucha satisfacción” porque “esta es una ordenanza que llevaba mucho tiempo en el Concejo Deliberante ya que fue presentada por el bloque de la UCR durante la gestión de los concejales Adriana Chapperón y Omar Coria”.
Asimismo, evaluó que la normativa “llena un vacío que estábamos teniendo en virtud de que la ordenanza de impacto ambiental que se promulgó en su momento fue después suspendida, en algunos de sus artículos, por una presentación en la Justicia que realizó una asociación ambientalista”.
Guglielmi recordó que desde entonces “había vacíos importantes y recaía toda la responsabilidad de definir la magnitud de la obra y el estudio que se debía presentar en el funcionario del área de aplicación” lo cual “generaba que las decisiones fueran discutibles”.
“De esta manera, ya dándole un marco normativo, se establece qué estudios se requieren para cada intervención, tipo de obra o actividad”, valoró.
Del mismo modo, la edil destacó que “otra cosa que resuelve este marco normativo es el régimen de penalidades y sanciones para quien lleve adelante intervenciones, obras o actividades que generen un impacto en el ambiente”.
Precisó sobre esto que la ordenanza establece sanciones de 1.000 U.F.A. Como mínimo y 50.000 U.F.A. Como máximo, para la persona física o jurídica que mediante “acción, omisión u obra”, pudiere causar modificaciones o generar procesos de contaminación en el ecosistema.
De la misma manera, contempla clausuras entre un mínimo de 30 días y un máximo de 5 años para las empresas que afecten el ambiente en forma irreversible.
Guglielmi interpretó además que “la importancia que tiene la norma es que se empieza a interpretar al hombre como parte del ambiente y lo que le hacemos al ambiente quizás no repercuta en forma inmediata, pero lo que estamos haciendo es afectar a las generaciones futuras”.
Guglielmi enfatizó que “este concepto de medio ambiente, con el hombre inserto en él, considerando que cualquier daño al ambiente es un daño al hombre mismo, costó mucho tiempo incorporar”, pero “la aprobación de esta ordenanza y la aprobación a nivel provincial de la ley de bosques son muestras de que como comunidad y dirigencia política estamos entendiendo la importancia de normar sobre estos aspectos”.
Por su parte, su compañero de bancada Oscar Rubinos mencionó que uno de los desafíos que se planteó el bloque radical desde su asunción “es poder colaborar y dotar de todas las herramientas necesarias a la institución municipal para profundizar su política ambiental”.
En esa línea, entendió que “para esto no alcanza solamente con las intenciones del Estado” si no que también “el sector privado debe asumir un compromiso, y creo que lo está haciendo, y trabajar codo a codo con el sector público por la ciudad que queremos para los próximos 10, 20 ó 30 años”.
Por último, Rubinos resaltó que también “es imprescindible lograr el respaldo de la comunidad, que debe visualizar un Estado que está decidido a llevar adelante estas políticas”.
