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a jueza laboral de Río Grande, Edith Cristiano, ordenó a YPF que suspenda el ejercicio de los derechos políticos y patrimoniales de las acciones de la empresa, que fueron vendidas por REPSOL en la Bolsa de Nueva York durante el mes de marzo de 2011 en violación a una manda judicial que había dispuesto la suspensión de dicha venta.
La medida cautelar, dictada el pasado viernes 20 en el marco de la presentación realizada por “Osvaldo Federico López y la Agrupación Tierra de Fuego de Ex Trabajadores de YPF S.A. y Gas del Estado”, implica que “los tenedores de dichas acciones no podrán -por si o por intermedio de representantes- participar ni votar en las Asambleas Ordinarias y en las Asambleas Extraordinarias; percibir dividendos; utilidades o cualquier otro beneficio económico; ejercer el derecho de preferencia; ejercer el derecho a acrecer; ejercer el derecho a la información; y ejercer todos y cada uno de los derechos contemplados en el Estatuto de YPF S.A. en favor de los accionistas de dicha empresa”, según señala el fallo al que tuvo acceso EDFM.
Los presentantes sustentan su pretensión en el supuesto incumplimiento por parte de la empresa demandada de una orden cautelar dictada el 17 de febrero de 2011 por el Juez Federal de Primera  Instancia de Bell Ville, Córdoba, Oscar A. Valentinuzzi, que impedida vender las acciones de YPF S.A. sin la debida participación o intervención de los integrantes del Programa de Propiedad Participada nucleados en la Federación de Ex empleados de YPF. S.A., sentencia que fue confirmada el 5 de diciembre de 2011 por la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
A pesar de la sentencia original, en marzo de 2011 y en violación de esa orden judicial REPSOL vendió a través de la Bolsa de Valores de Nueva York  unas 45.215.888 ADS (American Depository Shares).
La medida adoptada por la jueza Cristiano tendrá efecto hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto a la cuestionada venta de acciones, y beneficia a unos 25.000 ex trabajadores de YPF S.A. que reclaman se les reconozca sus derechos como accionistas de la empresa por ser  integrantes del Programa de Propiedad Participada establecido en la  Ley de Reforma del Estado.
En la presentación se alegaba la necesidad de una rápida respuesta judicial, ya que para este miércoles 25 estaba previsto que YPF  celebrase una Asamblea General Ordinaria “donde se va a debatir y votar acerca de un hecho que es de público conocimiento, como ser la capitalización de las utilidades que arrojó YPF S.A. durante el año 2011 y su correspondiente emisión de acciones” y a la que “están llamados a votar los actuales tenedores de las 45.215.888 acciones de YPF que representan el 11,50% de YPF”.
Esta asamblea fue suspendido ayer “hasta nuevo aviso” por el ministro de Planificación Federal e interventor en YPF, Julio de Vido. Según publicó el Cronista Comercial, De Vido informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que la medida se dispuso “a fin de garantizar la regularidad de dicho acto y proteger el interés de la sociedad, de sus accionistas y la transparencia en la oferta pública”.
Este mismo medio nacional también se hizo eco de la medida dispuesta el viernes pasado por la justicia de Tierra del Fuego.