L
os concejales Damián de Marco (MPF), Walter Vuoto (FPV), Mario Llanes (PJ), Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos (ambos de la UCR) se reunieron ayer para comenzar a analizar el escrito presentado por los fiscales Juan Soria, María Lía Hermida y Fernando Rota, en el que solicitan al cuerpo deliberativo de Ushuaia modificar la normativa vigente que regula el funcionamiento de los denominados “clubes nocturnos”.
Es que los funcionarios judiciales entienden que las mismas no solo se contraponen a la ley nacional 12.331 que prohibe la existencia de las “casas de tolerancia”, si no que, además, facilitarían la comisión del delito de trata de personas. Cabe mencionar que el pedido de los fiscales se generó a partir de la causa judicial abierta luego del allanamiento del local nocturno Black & White.
Durante el encuentro los ediles acordaron avanzar rápidamente en el análisis de las modificaciones necesarias, tendientes a evitar que la legislación vigente facilite la comisión del delito de trata de personas. En función de ello, mañana se reunirán con los fiscales para intercambiar puntos de vista y comenzar la búsqueda de consensos.
De Marco precisó a EDFM que “lo que se está solicitando es que el Concejo Deliberante modifique las ordenanzas que a entender de los profesionales entran en contradicción con las leyes nacionales”, y ante ello “lo que coordinamos con los concejales es reunirnos el viernes con los abogados para analizar con el tema, como paso previo a una modificación”. Asimismo, explicó que “se trata de una normativa que viene del año 1993 y que fue modificada en el 2005, y que habla del funcionamiento de los clubes nocturnos. Algunos puntos de la misma amerita que nos sentemos a charlar sobre el pedido y luego veremos cómo manejamos los tiempos para generar la modificación de esta ordenanza que tiene muchos años de vigencia”.
“Entendemos que deben hacerse modificaciones”, remarcó, y citó como ejemplo “un punto contradictorio” como el que “exige a las alternadoras una libreta sanitaria y una serie de estudios ginecológicos que no se exigen a otros empleados del local”, o a trabajadoras de otros rubros.
En tanto, observó que si bien se trata de una legislación “de muchos años”, salvo ahora “al Concejo Deliberante nunca se le solicitó que se la modifique”, y apuntó que “en el 2005 se realizaron las modificaciones y entonces tampoco hubo ningún tipo de cuestionamiento”.
No obstante, enfatizó que el Concejo “debe estar a disposición para colaborar en temas sensibles como este”, y entendió que “nos tenemos que sumar todos los actores a esta discusión, y en ese marco el Concejo va a avanzar modificando lo que tenga que modificar”. Y añadió: “Por eso recibimos la inquietud de tres funcionarios judiciales, ya estamos trabajando en eso, y luego el tema va a tener un debate en comisión”.
Por otra parte, De Marco indicó que el secretario de Gobierno de la Municipalidad, José Luis Ghiglione, “participó en la reunión e hizo hincapié en la defensa del trabajo de los inspectores”.
Según dijo, el funcionario municipal explicó que los inspectores “se rigen por una ordenanza en vigencia”, pero que también “hay que analizar hasta dónde llega el poder de policía que tiene el Municipio”.
“Ellos controlan el tema seguridad e higiene del local pero no pueden ir más allá por más que los acompañe la propia Policía. Se viene trabajando de esta manera e insisto en que hasta ahora la legislación nunca había sido objetada, pero entendemos que hay que dar un paso adelante y dar un debate para evitar que se produzca algún tipo de delito en torno a la trata de personas”, argumentó.
Finalmente, el concejal mopofista enfatizó que “la voluntad política está y la intención es que esto se maneje con total seriedad, generando el ámbito de debate para concretar las modificaciones que sean necesarias. La idea es sacarlo lo más pronto posible, y si es necesario realizar una sesión especial lo vamos a hacer”.
