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a tercera sesión ordinaria de la Legislatura llegaba a su fin y había promesa de debate caliente. Como antecedentes más recientes, algunos cruces mediáticos previos al encuentro parlamentario. Finalmente, radicales y peronistas se sacaron chispas ayer en el recinto cuando Juan “Pipo” Rodríguez fijó su postura sobre el decreto presidencial que quitó beneficios fiscales a las petroleras que operan en Tierra del Fuego. Hubo chicanas al por mayor y amagues de “no hacer historia” sobre la experiencia del rival político a la hora de gobernar. Pero abundaron los pases de factura.
Lo cierto es que, acallado el duelo dialéctico, quedaron de fondo las coincidencias en cuanto a la necesidad de defender la vigencia del régimen de promoción industrial fueguino, y a que las petroleras “poco hicieron” por Tierra del Fuego y sus habitantes.
Abriendo el fuego, “Pipo” Rodríguez recordó que la 19.640 “implica un régimen por el que creció Tierra de Fuego” por lo que “es un tema que no podemos dejar de debatir en este ámbito”.
En ese sentido, opinó que “debemos ver de qué manera podemos accionar como representantes de la sociedad ante una situación que no es la primera vez que se plantea en cuanto al intento de modificar el régimen de nuestra 19.640”.
Tras aseverar que “para nada estoy defendiendo los intereses de la industria del petróleo”, observó que las petroleras “en estos años que se llevaron los recursos tendrían que haber aportado mucho más a la provincia y al país”.
Rodríguez expresó que “no podemos no decir nada cuando se toman decisiones de esta naturaleza y nos enteramos vía decreto” ya que si bien “la Presidenta de la Nación tiene la facultad de tomar esta decisión” no se midieron “la consecuencias de ello a corto plazo”.
Luego fue más allá y aseveró que “nada indica que se detenga acá este tipo de medidas” ya que a criterio de la UCR el avance sobre las petroleras responda a “una necesidad del Gobierno nacional de obtener recursos”, y en ese marco “Tierra del Fuego es la posibilidad de darle al país un recurso económico importante” más allá de que “la Provincia no está en condiciones de perder un solo peso”. Y añadió: “Esto a corto plazo nos complica y va a producir una crisis”.
A continuación, el justicialista Eduardo Barrientos defendió al “proyecto nacional que encara la Presidenta” porque “puso una mirada bastante alentadora sobre Tierra del Fuego con muchísimas medidas como el Fideicomiso Austral o la ley que impulsó a la industria electrónica y que denostó la UCR”.
El representante del PJ marcó que “vamos a defender a la 19.640 desde su génesis” la cual “estaba dada en la necesidad geopolítica de la Argentina de tener presencia en Tierra del Fuego, y que se genere una población ante los intereses de los imperios de ir por la Antártica, las Malvinas y incluso la propia Tierra de Fuego”.
Sin embargo, planteó que “debemos decir que a lo largo de 40 años la industria petrolera, que tuvo una renta bastante extraordinaria, no generó nada más que puestos de trabajo que ni siquiera están radicados en la isla”, y consideró que “si la génesis de la 19.640 es poblar Tierra del Fuego, no se logra el objetivo llevándose las petroleras su renta extraordinaria”.
En tanto, argumentó que “el problema no es el decreto si no que en estos 40 años Tierra del Fuego no fue capaz de generar una nueva matriz económica, y la Provincia debe generar una nueva matriz económica que explore sus recursos”.
Con pies de plomo
Mientras tanto, el oficialista Fabio Marinello admitió la sorpresa que generó en el Gobierno provincial el decreto presidencial, y en ese sentido dijo que “preocupa mucho la manera en que la Provincia se enteró de la decisión que había tomado la Presidenta”, por más que fuera “legítima” porque “hablamos de un régimen que administra la Nación”.
El parlamentario remarcó que “sorprende que los niveles de inversión de las petroleras no sean los esperados, que la mano de obra generada sea de solo 950 puestos de trabajo y que la mitad sea gente que viene de afuera”. Pero recalcó que “por sobre todas las cosas tiene que preocupar la posibilidad de comenzar a fragmentar el régimen”.
“Tenemos que estar atentos a defenderlo y para ello debemos correr la cuestión política y electoral, y priorizar el interés general a partir de todo lo que se logró en estos años”, sentenció.
Para Marinello “el decreto debe tener un objetivo y no creo que sea la caja ante una economía que no muestra la misma fortaleza”, si no que “uno quiere pensar que tiene que ver con el objetivo planteado en la expropiación de las acciones de Repsol YPF de lograr la soberanía energética. Y uno quiere pensar que estos 1.000 millones de pesos anuales que se estaban llevando las petroleras como rentas extraordinarias se van a destinar a apuntalar esa soberanía energética”.
Cortocircuitos
Con la alocución del kirchnerista Juan Arcando llegó la parte más álgida del intercambio.
El parlamentario del FPV mencionó que “por ahí se está queriendo decir que el decreto es perjudicial para la Provincia”, cuando “no se puede negar que esta Presidenta es uno de los mandatarios que más hizo para defender los intereses de los fueguinos a través de la 19.640”.
“No quiero hacer historia porque si quieren la hacemos”, desafió, y sostuvo que “podemos empezar con los galpones de (el ex administrador nacional de Aduanas) Juan Carlos Delconte”.
Arcando enfatizó que “acá estamos hablando de los que extraen petróleo en Tierra del Fuego y ni siquiera lo industrializan, y parece que se encienden las luces rojas alarmando sobre que las empresas se van a ir de la isla”.
“Qué nos dejaron las petroleras en la provincia si de los 900 trabajadores que tienen muchos de ellos ni siquiera están radicados en Tierra del Fuego”, inquirió, e hizo hincapié en que “vamos a seguir defendiendo la 19.640 porque hay una fuerte apuesta por el desarrollo de Tierra del Fuego por parte de la Presidenta”.
Haciendo blanco en la UCR sin mencionarla, el kirchnerista manifestó que “muchos tuvieron la posibilidad de cambiar la historia y nunca lo hicieron, y hoy porque a las petroleras se les quita la rentabilidad parece que se viene el mundo abajo. Y lo mismo decían cuando recuperamos las AFJP, cuando se sacó la Asignación Universal por Hijo, cuando se reestatizó Aerolíneas Argentinas”.
“Es cierto que nos equivocamos y acompañamos a los que la privatizaron, no o negamos, pero pudimos corregir esos errores con este gobierno”, admitió, e insistió con que “vamos a defender los intereses de Tierra del Fuego pero no vamos a defender los intereses de las empresas petroleras”.
El radical Pablo Blanco recogió el guante y tras sostener que “no venimos a defender a ninguna empresa en particular, ni petrolera ni de ninguna índole”, haciendo referencia a Arcando mencionó que “el legislador no quiere hacer historia pero tira la piedra y esconde la mano”.
En esa línea, valoró: “Qué distinta fue la decisión de un presidente cuando se denunció periodísticamente a un administrador general de la Aduana. Delconte duró 15 días en el cargo y se tuvo que ir. Los radicales nos hacemos cargo de Delconte y se hizo cargo Raúl Alfonsín”.
Ante ello, diferenció al radical con “otros gobiernos que hasta tienen al vicepresidente denunciado y procesado, y sin embargo se ríe de la gente. Qué distintos que somos los radicales, qué distinto que es la actitud del gobierno radical cuando se acusa a alguien, que no cambia fiscales ni sale a denunciar una campaña en contra”. Y redobló: “Si hacemos historia Delconte es un poroto, no me quiero acordar de la leche de Vico ni de los 600 millones de dólares de Santa Cruz por la privatización de YPF”.
En cuanto al decreto de Cristina Fernández de Kirchner, Blanco fundamentó que “si uno analiza los fundamentos del decreto los comparte, pero si queríamos que las empresas invirtieran por qué no hicimos nada en todo este tiempo ¿Nos vinimos a dar cuenta después de que el Estado gastó más de 12.000 millones de dólares en la importación de combustibles de que deberíamos haber hecho algo? No hace seis meses que están en el Gobierno, hace 9 años”.
En el cierre, el mopofista Damián Löffler, en línea con Marinello, advirtió sobre el temor de una posible “fragmentación del régimen y la pérdida de recursos que le generaría a la Provincia” a partir de la decisión de la Nación.
Pero concedió que “no podemos desconocer lo que hizo la Presidenta para la radicación de industrias en Tierra del Fuego”, aunque advirtió sobre la “inseguridad jurídica que se genera” a partir del decreto presidencial”.
Finalmente, Löffler rescató que en el recinto “hubo una voz unánime en cuanto a que nadie viene acá a defender a las petroleras, ya que bastante poco hizo el sector por Tierra del Fuego y sus habitantes”.
