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ras la resolución del Directorio del IPAUSS del pasado 4 de julio, donde se aprobó por mayoría de los directores electos instruir a la presidencia para que informe al Banco Nación que realice la retención de los recursos coparticipables que por ley el Ejecutivo Provincial cedió al IPAUSS, en forma irrevocable, para cancelar las 151 cuotas mensuales establecidas en la ley 676, algunas divergencias y cuestionamientos surgieron en las últimas horas.
Es que la ley data del año 2005 y hasta el momento ninguno de los directores que pasaron en estos años se dio cuenta, o no quiso, interpretar la ley para asegurarse que el Ejecutivo de turno honre la deuda con el organismo previsional. Cabe recordar que la gestión Ríos, desde enero del año 2008 a la fecha no ha cancelado una sola cuota de lo establecido por ley, y no sólo eso, sino que debe hacer frente a una sentencia judicial firme por el incumplimiento de esta ley, por un monto de 438 millones de pesos.
A través de la resolución 831 de 2012, la cual fue ratificada por los directores del sector activo, Miguel Juárez, Maximiliano Heredia y Fresia Aguilar, y por pasivos Eduardo Escalante y Ana María Quiroga, el Instituto, que viene siendo jaqueado constantemente por los gobiernos de turno, tiene una herramienta que, de utilizarse, podría solucionar los problemas financieros que atraviesa y no depender del envío de fondos en cuenta gotas de parte del Ejecutivo para hacer frente a sus obligaciones previsionales y asistenciales.
Con respecto a esta decisión “el director por los activos Miguel Juárez sentenció que “se instruyó a la Presidencia para que notifique al Banco Nación sobre esto”, y explicó que “como nosotros le mandábamos la información al Ejecutivo, ahora resolvimos hacerlo también con la entidad bancaria, por lo que desde el mes de mayo le enviamos la documentación con respecto a los CPPM (Compromiso de Pago Previsional Mensual) que debe retenerse de la coparticipación al Gobierno para cancelar lo que estipula la ley 676” y refirió que “actuó el servicio jurídico del Organismo y la Contaduría General, por eso el directorio le dio tratamiento es este proyecto”.
Asimismo, indicó que “si bien en agosto tenemos una audiencia con el Ejecutivo, por la parte de la deuda que tiene sentencia firme, lo que queremos es que se pague la deuda como corresponde”.
Finalmente, sostuvo que “actualmente el monto que debería pagarse mensualmente por los CPPM, rondaría los 36 millones de pesos”.
Lo que dice la ley 676
En su artículo Nº 3 la ley provincial 676 establece de qué forma se deben librar los fondos al organismo de Seguridad Social.
Artículo 3º.– El IPAUSS deberá informar el primer día hábil de cada mes en forma fehaciente al Poder Ejecutivo Provincial el monto del CPPM, a fin de que este último libre los fondos correspondientes en un plazo máximo de siete (7) días corridos, para lo cual la Provincia de Tierra del Fuego cede al IPAUSS, en forma irrevocable, la parte de sus recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos establecidos por la Ley nacional 23.548 y sus modificatorias o del régimen que lo sustituya, necesaria para la cancelación total de los mismos, y autoriza al Banco de la Nación Argentina a retener, de dichos recursos, los importes enunciados en los artículos 6º y 7º de la presente.
A veces es bueno recordar
Durante la novena sesión ordinaria de la Legislatura Provincial del año 2005, realizada el día 1 de septiembre, fue sancionada la ley 676, hecho denominado histórico por los actores de ese entonces, ya que la misma venía a reparar el daño sistemático al que fue sometido el sistema previsional de la provincia. Entre los legisladores que aprobaron por unanimidad la ley, se encontraba el extinto José Carlos “Pancrudo” Martínez, quien tuvo un extenso discurso en dicha sesión. Desde EDFM, destacamos algunas de las palabras, de quien por muchos años transitara el mismo camino ideológico de la actual mandataria, que en esa época coincidía en un todo con este pensamiento en torno al IPAUSS.
En su alocución, Martínez expresaba lo siguiente: “Hoy es un día histórico para la previsión social en Tierra del Fuego y, realmente, estoy muy orgulloso de haber participado en este proceso…desde el bloque del ARI, realmente nos congratulamos con que esto suceda, y que empiece a tejerse otra historia de respeto a los derechos sociales y a la cuestión de darle seguridad y certeza para el futuro al 40 por ciento de la población de Tierra del Fuego...
Esta ley tiene aspectos fundamentales. El más sobresaliente, creo yo, es el reconocimiento del daño causado al sistema previsional, con un concepto para Tierra del Fuego totalmente novedoso, que es la reparación del daño. Esta ley plantea la cláusula gatillo de ‘Reaseguro a través de cesión de coparticipación’. Esto permite que ya, los gobiernos, por más que tengan impunidad, por más que tengan este andamiaje de impunidad, tengan que pagar; porque no les va a quedar otra, porque el dinero no va a pasar por sus manos. El legislador Bericua fue uno de los que planteó esta cláusula, el ‘inventor’, como decía, señor presidente, si esta cláusula se la dieron a bancos internacionales como el World, la Banca Rothschild, a los Bonos Albatros (les dieron la cláusula gatillo de reaseguros a través de las regalías hidrocarburíferas), al Banco de la Nación Argentina, al Banco Comafi, al Bansud y, ahora, al Programa de Financiamiento Ordenado; si esta cláusula de reaseguro la tienen los grandes grupos económicos, entonces, ¿por qué no la tienen los trabajadores?....Y tenemos que seguir trabajando en este sentido, y desterrar estas prácticas de emergencia, que lo único que quitan son derechos, y lo único que garantizan es impunidad para el sector político y ganancia para el sector económico. Gracias, señor Presidente. (José Carlos Martínez. Diario de Sesiones, Legislatura provincial 2005; (aplausos y manifestaciones del público)). |
