La UCR quiere un pronunciamiento contra el decreto nacional que regula la política hidrocarburífera

15/08/2012
E
n el convencimiento de que el decreto nacional 1277/12 resulta manifiestamente violatorio “de las autonomías provinciales y afecta los intereses patrimoniales, políticos, económicos y sociales de nuestra provincia”, el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical intentará que el Parlamento fueguino manifieste hoy su “más enérgico desacuerdo por la decisión unilateral tomada por el Gobierno Nacional, mediante el dictado del decreto 1277/12, por haber sido emitido en manifiesta violación de las autonomías provinciales y afectar los intereses patrimoniales, políticos, económicos y sociales de nuestra provincia, considerando que avasalla lo dispuesto por los artículos 121 y 124, última parte, de la Constitución Nacional, los artículos 81 y 105, inciso 25 de la Constitución Provincial y la Ley Nacional 26.197”.
Por ello, en el proyecto de Declaración se solicita “al Poder Ejecutivo Nacional la no aplicación del decreto nacional 1277/12 a las actividades y las relaciones jurídicas y comerciales existentes y futuras, provenientes de la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos de propiedad de la Provincia”, ello hasta tanto “la Nación y las Provincias suscriban un acuerdo marco que establezca las normas de coordinación necesarias para permitir el ejercicio armónico de las respectivas competencias, según lo dispuesto por el artículo 3 de la ley nacional 26.197”. También se requiere a los Diputados y Senadores Nacionales por Tierra del Fuego que “accionen dentro de sus facultades a fin de garantizar la plena vigencia de las normas que reconocen las autonomías provinciales”.
Además, y en otro proyecto de Declaración, desde la bancada radical se propone que la Legislatura solicite a la Gobernadora que “instruya al Fiscal de Estado a que inicie las acciones que correspondan a fin de requerir la nulidad del decreto nacional 1277/12”. Fundan esta petición en que a su entender la mencionada norma “es notoriamente inconstitucional” ya que trata de “derogar a través de un decreto reglamentario disposiciones de normas de mayor jerarquía”.
El decreto en cuestión, dictado por la Presidente de la Nación el pasado 25 de julio, vino a reglamentar la Ley Nº 26.741, de Soberanía Hidrocarburífera, y en el anexo I de la norma determinó el régimen al que deberán ceñirse todos “los sujetos que realicen actividades de exploración, explotación, refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos y combustibles” en el país.
En ese marco creó el “Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”, en el que deberán inscribirse todas las empresas del sector, y la “Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas” que estará integrada por el viceministro de Economía y Director de YPF Axel Kicillof; el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron. Esta Comisión elaborará anualmente, en el marco de la Política Hidrocarburífera Nacional, el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, y será el organismo ante el cual las empresas del sector deberán presentar para su evaluación y aprobación, antes del 30 de septiembre de cada año, su plan anual de inversiones en materia de exploración y explotación de hidrocarburos y de mantenimiento y aumento de reservas, que será auditado trimestralmente.
La comisión también esta facultada para, en caso de incumplimientos al plan de inversiones aprobadas, dar de baja a las empresas del registro y para aplicar sanciones que van desde apercibimientos, multas hasta la nulidad o caducidad de las concesiones o permisos. Es decir, que podrá revertir las concesiones otorgadas por las Provincias en uso de las facultades conferidas por la Constitución Nacional y la denominada ley corta de Hidrocarburos.

Legisladores madrugadores

A solicitud de los legisladores Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende (UCR); Eduardo Barrientos (PJ); Amanda del Corro y Fabio Marinello (PSP); Laura Rojo (PPP) Damián Löffler, Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF), el vicepresidente 1º del Parlamento, Juan Rodríguez, dispuso adelantar para las 9 el inicio de la 5 sesión ordinaria.
Oficialmente no se precisaron las razones por las cuales se resolvió cambiar el horario.

Etiquetas