E
l Ministerio de Economía dispuso “fijar en un 4,5% del total de cargos de la planta de personal permanente y de personal no permanente de la Administración Pública Provincial (Administración Central y Organismos Descentralizados), exceptuando el escalafón docente, el porcentaje máximo de vacantes a afectar a la planta política del Poder Ejecutivo”.
Teniendo en cuenta que el último presupuesto provincial aprobado por el Parlamento, correspondiente al año 2011, “fijó en 11.137 el número total de cargos de la planta de personal permanente y personal no permanente, de la Administración Pública Provincial (Administración central y organismos descentralizados), exceptuando el escalafón docente”, la medida adoptada implica que el equipo de colaboradores de la gobernadora Ríos, entre funcionarios y personal de gabinete, no podrá superar los 502 integrantes.
A julio de este año la planta política del Ejecutivo contaba ya con 430 miembros, lo que representa un 86% del total autorizado mediante el dictado de la Resolución 664, del pasado 1º de agosto.
En la mencionada resolución se indica que “a pesar de la claridad de la normativa se siguen generando inconvenientes con la tramitación de ingresos a Planta Permanente y Planta Política” y que por ello “resulta necesario definir taxativamente el procedimiento” aplicable para “ocupar cualquiera de los cargos aprobados al Poder Ejecutivo, con excepción del escalafón docente”.
En ese marco el ministro Ruiz dispuso, además de la limitación de cargos de planta política, la “prohibición de designación de personal en planta permanente o política sin asignación previa de vacante, respaldada por comprobante emitido por sistema SIGA” e indica que “la asignación de vacantes presupuestarias liberadas es facultad de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, sin excepción”.
Exceptuado de cumplir la ley por resolución
Llamativamente, el Ministro de Economía resolvió por la resolución 664/12 asumir como propias facultades legislativas, ya que mediante el dictado de ese instrumento dispuso “exceptuar el cumplimiento del artículo 16 de la ley provincial 841”.
El artículo en cuestión de la ley de presupuesto 2011 –que fuera reconducido para el 2012– determina que “las vacantes que se generen durante el presente Ejercicio por distintas razones (retiros, renuncias, jubilaciones) en cualquier repartición de la Administración Pública, excepto en los organismos descentralizados y entes autárquicos, deberán ser transferidas al ámbito del Ministerio de Economía y serán ocupadas únicamente y sin excepción por profesionales médicos, enfermeros y/o técnicos del sistema de salud, en los hospitales de Ushuaia, Río Grande y Comuna de Tolhuin como así también Centros Periféricos. Una vez cubierta la demanda del Ministerio de Salud se constituirá una reserva de emergencia, la que se utilizará, por excepción, para el ingreso de profesionales, técnicos y/o beneficiarios aún no designados de las Leyes provinciales 661 y 668”. Pero a partir de ahora, y por decisión del ministro Cristian Ruiz “las vacantes liberadas de personal policial y/o penitenciario” serán destinadas “al ingreso a la Escuela Comisario Inspector R. Aníbal Héctor Alem y/o a la Escuela Penitenciara de la Nación, Dr. Juan José O’Connor”.
