A
las voces críticas surgidas desde sectores empresarios y sindicales contra la reforma impositiva que impulsa el Ejecutivo fueguino, se sumó en las últimas horas la de los representantes de 4 asociaciones que nuclean a entidades bancarias de la Argentina.
En la nota ingresada a principios de mes a la Legislatura –que también fuera remitida a la secretaría de Ingresos Públicos y al ministerio de Industria– se manifiesta la preocupación del sector bancario por el proyecto que apunta a la generalización del Impuesto de Sellos, en especial en lo referido a las operaciones financieras y de seguros, por entender que de esa manera se producirá un encarecimiento del costo del dinero y se desalentará el acceso al crédito y el fomento de las inversiones de capital.
Los representantes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA); la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA); Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Asociación de la Banca Especializada, sostienen que gravar las operaciones financieras y de seguros implicaría una violación por parte de la Provincia del Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento suscrito con Nación en 1993. Señalan que en el denominado pacto fiscal, la Provincias “se comprometieron, entre otras cuestiones, a derogar de inmediato el Impuesto de Sellos respecto de toda operación financiera y de seguros institucionalizada, destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción, e ir incluyendo en la derogación gradualmente al resto de las operaciones y sectores”. Recuerdan que Tierra del Fuego no sólo adhirió sin reservas al Pacto, si no que mediante el dictado del decreto 4/94 “estableció la derogación del impuesto de sellos aplicable a toda operatoria financiera y de seguros destinada a los sectores agropecuario, industrial, minero y de la construcción” y que por ley 138 hizo extensivo “el alcance de la exención a la actividad primaria y de turismo”.
Precisan que de esa manera Tierra del Fuego dio cumplimiento a esa obligación que “procura la coordinación de las potestades tributarias de la Nación y de la Provincias, la armonización de la imposición y evitar una presión fiscal excesiva como consecuencia de la creación de gravámenes análogos por parte de los distintos niveles del gobierno”.
Los representantes del sector bancario afirman que la provincia no puede “con posterioridad a su adhesión, modificar unilateralmente las obligaciones asumidas en le pacto fiscal” sin haber denunciado previamente esa adhesión, y que “hasta tanto ello no ocurra la provincia debe cumplir con las obligaciones asumidas, quedando impedida de establecer o restablecer el tributo”.
Además de estas consideraciones de orden legal, alertan que la aplicación del Impuesto de Sellos a la operatoria financiera producirá “un incremento del costo del dinero, ya que incide directamente sobre las operaciones monetarias o los contratos de mutuo celebrados con las entidades financieras, y repercute nocivamente sobre la economía en general”. Indican que no debería soslayarse que “el costo del endeudamiento es uno de los factores determinantes del nivel de inversión de las empresas e individuos emprendedores que no pueden financiarse con capital propio y que necesitan incurrir en gastos tendientes a aumentar su equipamiento de capital para el normal desarrollo de su actividad”. Por ello, aseguran que “eximir del Impuesto de Sellos a la actividad financiera constituye una medida de estímulo necesaria para disminuir el costo del dinero, facilitar el acceso al crédito y fomentar las inversiones de capital”.
Como contrapartida a la postura sustentada por estas asociaciones de Bancos, el Poder Ejecutivo provincial precisa en el fundamento del proyecto de generalización del Impuesto de Sellos, que la iniciativa apunta a “restablecer la mayoría de los supuestos derogados del Impuestos de Sellos en sintonía con las restantes jurisdicciones que conforman nuestra República”, lo que implicará un “proceso de armonización tributaria” que posibilitará “equiparar la carga tributaria con las restantes jurisdicciones” y “aportará mayores recursos a las arcas provinciales”.
