E
n un acto llevado a cabo en el Centro Cultural Yaganes, donde de fondo se lucieron un escudo apócrifo y una denominación incorrecta de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la ministra de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Gabriela Muñiz Siccardi, y el representante de los propietarios de las tierras, Diego Navarro, sellaron el traslado de título de propiedad de los terrenos hacia la Provincia.
De esta manera, Muñiz Siccardi confirmó que se dieron por concluidas “las negociaciones para trasladar la propiedad de las tierras a la Provincia”.
Asimismo, aseguró que de acuerdo a lo establecido por la ley será el Instituto Provincial de Vivienda, quien regularice esta tierra, “esto implica darle a la ocupación una legalidad para la creación de un barrio y una titularidad de tierra en donde puedan construir su vivienda”.
Respecto al trabajo con el Municipio de Rio Grande, la funcionaria indicó que “hace dos semanas nos reunimos para trabajar en conjunto, con el IPV y el Ministerio”. Muñiz Siccardi manifestó su conformidad al ver a los vecinos “con tanta alegría, la cual me transmitieron a mí que hace tan poco tiempo que estoy”.
“Algunos además me solicitaron que le expresara esto al ex Ministro Benegas, así como la satisfacción de que el Gobierno cumplió con lo que había prometido”, agregó.
La Ministro recalcó que “esta es la primera escritura de las parcelas establecida en la ley 847, quedando también las correspondientes a la ley 848”, por lo que “tenemos un arduo trabajo durante este año que consistirá en escriturar todas o hacer los juicios de expropiación correspondientes con los que no se avengan a una escritura”.
Cabe destacar que el valor de las tierras fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación equivale a 14 millones de pesos.
Cláusulas de la escritura
Entre las cláusulas dispuestas en el contrato se especifica la transferencia de las parcelas expropiadas al IPV, en función de satisfacer necesidades sociales de vivienda, siendo este organismo el responsable de regularizar el dominio de las mismas mediante la transferencia de título a sus actuales ocupantes.
De esto se exceptúan los sectores ocupados para la explotación agropecuaria. Asimismo, las parcelas resultantes de la mensura y que no se hallen ocupadas, integrarán el banco de tierras e inmuebles del Estado Provincial a fin de ser destinadas a los mismos fines enunciados en el párrafo anterior.
Por otra parte y para los destinatarios de las parcelas, se prevé que las mismas no podrán ser transferidas, cedidas o rentadas hasta 5 años después de su cancelación.
Una expropiación sospechosa
En mayo, un mes después de que el ex ministro Manuel Benegas firmara un convenio con los propietarios de la tierra, el abogado Alejandro de la Riva denunció que el valor final de la expropiación había sido acordado en $14,5 millones, pero que los dueños de los predios habían pagado por la parte expropiada 1,1 millones en diciembre de 2007, es decir, unas diez veces menos.
De la Riva dijo además que las tierras pastoriles, sin accesos ni servicios, pertenecían antes a la ex Sociedad de Productores Ganaderos, y que el liquidador de esa entidad, el abogado José Luis Paños, logró que se las vendieran “a precio vil” a un pool de empresarios de Ushuaia y Río Grande, con el argumento de que ya se estaban registrando los primeros intrusamientos. En total se vendieron 115 hectáreas a 750 mil dólares. La mitad de esa superficie es la que fue expropiada después por el Estado a $14,5 millones.
Asimismo el abogado denunció que la ingeniera designada por el Tribunal de Tasación nacional para evaluar el precio de los terrenos viajó a Tierra del Fuego “con viáticos y pasajes pagados por los dueños de las tierras”, y que para la tarea de tasación se utilizó como referencia “a la inmobiliaria de Navarro”.
Ante ello, el letrado realizó una denuncia penal ante la Justicia, en la que acusó de presunta defraudación a la administración pública a la gobernadora Fabiana Ríos, el ex ministro Benegas y los empresarios dueños de los terrenos, entre ellos Navarro, tal como informó EDFM el pasado 6 de junio. |
