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a secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Patricia Bertolín, desmintió que el recurso de amparo por la aplicación de la ley provincial 648, que presentará el ejecutivo capitalino el último miércoles “para que se mantenga, como medida cautelar de no innovar, constituya una medida de presión hacia los poderes Legislativo y Judicial, como sostuviera la gobernadora Fabiana Ríos.
La citada funcionaria comunal manifestó que “es imposible hablar de presión sobre la Justicia en un mecanismo de participación ciudadana”, toda vez que “lo que se intenta es consultar sobre un tema que hace a la vida de los vecinos de la ciudad”.
En esa línea de razonamiento dijo que desde el Municipio “entendemos que la pregunta (sobre la ‘quita del 25 por ciento como mínimo, de la coparticipación municipal por la interpretación de la ley provincial 648, que realiza el Gobierno de la provincia’) es perfectamente posible y jurídicamente viable realizar esa pregunta”.
Por otro lado argumentó la decisión adoptada por el Municipio en el hecho de que “si se resolviese en los términos en que plantea la provincia la interpretación de la ley 648, se estaría produciendo un daño irreparable para la Municipalidad de Ushuaia, porque el monto que implica esa aplicación de la normativa implicaría la paralización de la ciudad, impidiendo que se presten servicios esenciales”.
“Lo que se pidió en concreto es que se mantenga, como medida cautelar de no innovar, la interpretación que se venía trayendo de todos estos años atrás”, explicó la doctora Bertolín.
