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a Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande confirmó los procesamientos del presidente de la empresa fantasma Glisud SA, Rolando Enrique Pinto, y de los apoderados de la misma compañía, la contadora Graciela Teresa D´adamo (apodada Gatúbela por las fotografías en que apareció disfrazada como el personaje de la serie Batman) y el abogado Francisco José Martín Grondona.
La misma Cámara ya había ratificado el mes pasado los procesamientos del ex titular del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Ángel García Casanovas, y del ex secretario de actas del organismo, Néstor Omar Sierra, todos en la causa judicial donde se investiga a Glisud por una defraudación cometida con complicidad de funcionarios durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
La empresa fundada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires operó durante el manfredottismo para quedarse con propiedades subvaluadas de deudores del Residual.
El juez de instrucción Javier De Gamas Soler dio por demostrado en abril de este año, que las autoridades del Fondo actuaron en connivencia con integrantes de la firma fantasma para incorporar documentación falsa al concurso público mediante el cual se vendieron créditos del organismo, el 30 de diciembre de 2002.
De Gamas Soler sostuvo que el objetivo de la supuesta operación fraudulenta fue producir un lucro indebido a favor de Glisud (que se quedó así con las deudas hipotecarias de Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano) generando además un perjuicio al Fondo Residual.
El magistrado también dio por probado que la oferta presentada por la empresa en el concurso era falsa, y que probablemente los papeles fueron falsificados dentro de las oficinas del propio Fondo.
Nulidades desestimadas
El pronunciamiento del juez de primera instancia fue apelado por cada uno de los cinco acusados, aunque por distintos motivos todos terminaron quedando firmes.
En el caso de García Casanovas y Grondona, la apelación fue presentada de manera extemporánea, según coincidieron en señalar el propio juez y luego los camaristas, mientras que Sierra lo hizo en tiempo y forma pero la Cámara ratificó lo resuelto por De Gamas en un pronunciamiento dictado el 3 de septiembre de este año.
En relación a Pinto y D´adamo, el abogado Luis Felipe Ricca presentó un pedido de nulidad basado en una cuestión procesal, y ante la negativa del juez De Gamas de aceptar el planteo, el letrado se dirigió en queja ante el órgano de apelación que abrió esa instancia.
Ricca cuestionó la supuesta imposibilidad de elegir un perito de parte para que interviniera en una pericia caligráfica, bajo el argumento de que no estaba inscripto en un listado oficial del juzgado.
De esta manera se le negó a su cliente “la inspección de la prueba, el control de la labor del (perito) nombrado por el juez y eventualmente la sugerencia de otros puntos de peritaje”, argumentó el defensor. Y agregó que por tratarse entonces de una prueba “ilegalmente incorporada” correspondía dictar su nulidad como la de todo el auto de procesamiento.
Sin embargo, los camaristas Walter Tabárez Guerrero, Jorge Jofré y Josefa Martín entendieron el 23 de octubre que si bien primero se rechazó a un perito por no estar inscripto, después fue la propia defensa quien propuso a otro experto que sí figuraba en el listado, y con su participación se llevó a cabo el peritaje el 13 de marzo de este año.
Los jueces también argumentaron que en cualquier caso se trató de una prueba “reproducible en otra instancia posterior del proceso”.
Durante el lapso de apelación de los procesamientos se confirmó que Ricca dejó de defender a Pinto (sigue con la defensa de D´adamo) y que en su lugar asumió el abogado Federico Wagner.
De esta forma, el próximo paso esperable en la causa es la elevación a juicio oral y público respecto de los cinco acusados, para lo cual deberá correrse vista del expediente a la Fiscalía, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Antecedentes
La investigación del caso Glisud se inició en 2004 a raíz de la denuncia presentada por el abogado Javier Da Fonseca, pero se reactivó en 2011 a partir de las pruebas aportadas por el testigo Víctor Tela, a quien el mismo grupo de gente defraudó para quedarse con un predio en las inmediaciones de Tolhuin, según se investiga en una causa judicial distinta que tramita en Buenos Aires y que está en condiciones de ser juzgada en juicio oral.
La investigación personal de Tela logró reunir datos fundamentales para la causa Glisud, como por ejemplo que la compañía había sido fundada por dos ancianas indigentes y transferida luego a Pinto (un ex empleado del ex diputado y vicegobernador Daniel Gallo) o que el domicilio legal de la compañía (Corrientes 1888 en Buenos Aires) era un prostíbulo regenteado por D´adamo (o Gatúbela) quien además fue asesora de Gallo en la Legislatura.
Por otra parte, los bonos utilizados para la compra de créditos del Residual fueron adquiridos por Pinto a una sociedad uruguaya, llamada Crider Trading SA, de la que él mismo era representante. El origen de esos fondos está siendo investigado en otra causa por presunto lavado de dinero que tramita en el mismo juzgado de De Gamas.
La hijastra de Pinto y vicepresidente de Glisud, Tamara Melina Solari, a quien también se investigaba en el expediente principal, fue beneficiada por una “falta de mérito”, aunque todavía continúa ligada a la causa.
En tanto, otro grupo de tres compradores de créditos del Residual por la misma metodología (por concurso de precios y utilizando bonos de la deuda pública como forma de pago) fueron directamente sobreseidos.
