E
l Superior Tribunal de Justicia de la Provincia hizo lugar a un recurso de casación y absolvió al abogado Flavio Javier de Mayolas, quien había sido condenado a prisión en suspenso e inhabilitación como partícipe primario de una maniobra defraudatoria contra el Estado cometida por ex funcionarios colacistas, que fue juzgada en octubre del año pasado.
De Mayolas era asesor mediante una categoría política del ex Ministerio de Deportes y Juventud de la provincia, en el momento en que se produjo la maniobra mediante la cual varias personas allegadas a la gestión de Jorge Colazo libraron o cobraron cheques pertenecientes a una cuenta con la que debían solventarse la participación de chicos fueguinos en los Juegos Evita.
El letrado cobró para sí un cheque de $4800 pesos en 2005. En su primera declaración indagatoria dijo que le habían pagado de esa forma un asesoramiento jurídico por el que en realidad estaba cobrando su sueldo, aunque después cambió la versión y sostuvo que le habían pagado su participación como jurado en un torneo de ajedrez.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia lo condenó el 19 de octubre del año pasado, a la pena de dos años y tres meses de prisión en suspenso, más inhabilitación absoluta perpetua y las costas del proceso, como partícipe primario del delito de peculado.
Sin embargo, su defensa recurrió el fallo mediante un recurso de casación y el STJ, en un pronunciamiento firmado por los jueces Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini, el pasado 13 de noviembre, hizo lugar al planteo y absolvió al abogado de culpa y cargo.
Confirmación de otras condenas
El mismo pronunciamiento de la Corte también confirmó las condenas a prisión efectiva del ex ministro Julio Alday, del ex jefe de despacho René Arenas y del ex director de Administración Financiera, Leonardo Marconi. En este último caso, los magistrados hicieron lugar parcialmente a la apelación y redujeron la condena contra Marconi de tres años y seis meses a tres años de cárcel. Alday y Arenas, en cambio, deberán cumplir con la pena de tres años y medio de prisión efectiva. Alday es el primer ministro del Poder Ejecutivo en la historia provincial que fue preso por un caso de corrupción.
La maniobra que investigó la Justicia consistió en la sustracción de 219 mil pesos en 2005, poco tiempo antes de la suspensión de Colazo por juicio político.
Para concretar el delito se libraron nueve cheques que luego cobraron los propios implicados o que se depositaron en cuentas bancarias de algunas de sus esposas. Los fondos estaban destinados a solventar el viaje de una delegación deportiva fuera de la provincia. La condena incluyó una acción Civil promovida por el Tribunal de Cuentas para que el dinero sustraído fuera devuelto con sus correspondientes intereses.
En ese juicio absolvieron a Rodrigo Gustavo Dumé y a Luciana Lorena Cabrera. Dumé es considerado uno de los hombres fuertes del colacismo. Se desempeñó como secretario de Contrataciones. Cabrera es la esposa de Marconi.
Arenas sorprendió durante las audiencias del procedimiento oral al declarar que la gestión de Colazo lo había contratado para realizar tareas de inteligencia (como grabación de conversaciones telefónicas) a dirigentes políticos opositores.
Los Juegos Evita de 2005 iban a ser solventados con fondos de la Secretaría de Deportes de la Nación, pero como la plata no llegaba a tiempo, los ex funcionarios colacistas gestionaron un adelanto a Economía que lo concedió a los pocos días.
Al juntarse los dos envíos, las autoridades debieron transferir el dinero a una cuenta del tesoro provincial. En cambio, un día antes de que el ex gobernador Jorge Colazo fuera suspendido del cargo por juicio político, se libraron varios cheques contra esa cuenta que fueron cobrados por los imputados.
Fuera del escenario
Al pronunciarse sobre la situación del abogado De Mayolas, los jueces del Superior Tribunal de Justicia hicieron hincapié en la escasa relevancia probatoria de una nota elaborada por el propio imputado donde pareciera hacerse cargo del movimiento de los fondos.
Por el contrario, los magistrados no hacen ni una sola mención a la primera declaración indagatoria del letrado, en la que sostiene una versión distinta a la última sobre por qué cobró el cheque del Ministerio de Deportes.
Según el STJ, “ninguna otra circunstancia vincula a De Mayolas con las conductas desplegadas por los autores del ilícito. Más allá de su posición funcional, ningún elemento demuestra que conocía que aquellos fondos tenían una asignación específica”.
Tampoco consideran un indicio que el abogado haya cobrado el cheque al día siguiente de su libramiento. “Cobró un cheque cuyo monto guarda mayor relación con las tareas que realizara en Río Grande (y por las que no percibiera suma alguna) que con la suma total sustraída en las maniobras investigadas”, indica la sentencia de la Corte.
