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a Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó ayer un escrito ante el Juzgado Federal de Ushuaia pidiendo constituirse como parte querellante en la causa judicial que investiga las supuestas actividades del represor Jorge Raúl Vildoza en la ciudad, durante los años 2000 y 2001.
Además, el titular de la UIF, José Sbatella, tiene previsto realizar hoy un viaje relámpago a la ciudad para reunirse con el conjuez que entiende en la causa Vildoza, el conjuez Antonio Aciar.
Al parecer el funcionario nacional quiere explicarle en persona al encargado de la investigación judicial, el interés del organismo por llegar hasta las últimas consecuencias en el análisis de los movimientos de la empresa American Data SA, vinculada con la familia de Vildoza.
La UIF ordenó en septiembre pasado el congelamiento de los bienes y cuentas bancarias de la firma dedicada a la explotación de casinos, ante la sospecha de que de allí surgían recursos para financiar a militares prófugos acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos el propio ex segundo jefe de la ESMA durante la dictadura, fugado desde 1986.
Otra sospecha concreta es que la empresa se utilizó para lavar dinero proveniente de bienes apropiados a personas desaparecidas en los años del gobierno militar.
La conexión con Tierra del Fuego radica en que American Data explotó dos casinos electrónicos (Oshowia en Ushuaia y Casablanca en Río Grande) durante la década del 90´, e inclusive llegó a cobrar 1,5 millones de pesos/dólares de la época por un acuerdo extrajudicial con el IPRA, a raíz de un reclamo por cánones mal liquidados.
No sólo eso. El abogado misionero Oscar Beccaluva, ex representante legal de American Data, denunció en 2006 que el propio Vildoza vivió un tiempo en la capital fueguina estando prófugo, e incluso recibió protección de parte de dos abogados del fuero local, Jorge Kresser Pereyra y Demetrio Martinelli.
Según explicó el conjuez Aciar en declaraciones realizadas meses atrás, en el juzgado local sólo se investiga el presunto encubrimiento a Vildoza por parte de los dos abogados mencionados, mientras que el supuesto lavado de dinero es competencia del Juzgado Federal de Buenos Aires a cargo del juez Sergio Torres.
Sin embargo, la UIF confirma con su presentación que aspira a que el capítulo fueguino del lavado (a través de los casinos locales) debe ser investigado por las autoridades judiciales de la ciudad.
Ante ello resta saber qué actitud tomará Aciar, quien simplemente podría rechazar el pedido de la UIF de ser querellante por entender que el delito se investiga en Buenos Aires, o tomar otro tipo de decisión para impulsar una investigación local.
En cualquier caso el organismo nacional quedará facultado para apelar el fallo ante la Cámara de Apelaciones con sede en Comodoro Rivadavia (Chubut) e incluso ante otros fueros superiores de la Justicia.
Conexión sur
La situación de la familia Vildoza se complicó a partir de la detención, este año, de Ana María Grimaldos, la esposa del represor, que también estaba prófuga acusada junto a su marido de la expropiación de un bebé recién nacido en cautiverio, Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y Héctor Penino, ambos secuestrados por el régimen militar el 13 de julio de 1977.
A partir de entonces la investigación sobre el patrimonio de los Vildoza y el origen de sus bienes se profundizó.
Con la intervención de la UIF se acusó formalmente a American Data y a sus directivos (entre ellos el hijo de Vildoza, Jorge Ernesto) de haber financiado las actividades clandestinas de Vildoza padre durante todos estos años que permaneció prófugo.
Según publicó el diario Página 12 en septiembre, la UIF congeló además los bienes de Rodolfo Fernando Giromini, vicepresidente de American Data y yerno de Vildoza hijo con pasado en las Fuerzas Armadas.
En este caso la unidad de investigación dirigida por Sbatella aplicó por primera vez la ley antiterrorista 26.734. Esa norma estableció penas para la persona que “directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para financiar la comisión de un delito con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales, o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.
A su vez, el artículo 6 de la ley antiterrorista afirma que la UIF “podrá disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente el congelamiento administrativo de activos vinculados con las acciones delictivas”. Según Página 12, “todos estos pasos fueron los que dio la UIF, incluso la comunicación al juez Norberto Oyarbide, quien ya fue informado y ahora puede ratificar, rectificar o revocar la decisión”.
Al ser detenida, Grimaldos (la mujer de Vildoza padre) declaró que su marido está muerto, pero la Justicia sospecha que aún está vivo y la UIF considera que sólo pudo mantenerse en la clandestinidad con el apoyo económico de su hijo biológico y su yerno a través de American Data.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF (citada por el mismo medio gráfico) señaló que “se constata con un importante grado de verosimilitud la vinculación entre Jorge Raúl Vildoza y la firma American Data, como con sus directivos”. A partir de ello, el organismo dio validez a la sospecha de financiamiento de terrorismo por parte de la compañía y sus autoridades, adoptando la medida de congelamiento de sus fondos.
En Tierra del Fuego, la empresa no sólo obtuvo la concesión de los casinos durante el mandato del ex gobernador José Estabillo, sino que producto de la declaración de inconstitucionalidad de cánones cobrados por el Estado, inició una demanda judicial contra la provincia que terminó en un acuerdo extrajudicial entre la firma y el IPRA, mediante el cual el organismo oficial terminó desembolsando 1,5 millones de pesos de la época.
