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través de una gacetilla de prensa, la subsecretaria de Relaciones Internacionales, licenciada Carolina Lavori, afirmó ayer que en ninguna de las comunicaciones que mantiene periódicamente con las autoridades de la Cancillería en general, ni con el Ministro (Javier) Figueroa en particular, “se ha manifestado ni dejado entrever objeción alguna” respecto a la aplicación de la Ley 852, conocida popularmente como Gaucho Rivero.
En el cable de prensa, la funcionaria manifestó que “es sistemática la coordinación con el Gobierno nacional en cuanto a la política inherente a la Cuestión Malvinas”, y que en tal sentido “tenemos una comunicación periódica y constante con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en especial con la Dirección General de Malvinas”.
Como responsable de ser el nexo entre la Provincia y la Cancillería, la licenciada Lavori enfatizó que “no existió notificación oficial respecto a discrepancias en ninguna comunicación de las que mantengo periódicamente con las autoridades de la Cancillería en general ni con el Ministro (Javier) Figueroa, quien particularmente no se ha manifestado ni dejado entrever objeción alguna”.
La Subsecretaria dejó en claro además que “las autorizaciones expedidas por la Provincia para los buques que operarán en esta temporada en el Puerto de Ushuaia, tienen su correlato con el decreto nacional 256”, por lo que “fidedignamente, no existe discrepancia alguna entre las autorizaciones otorgadas por el Gobierno nacional y las otorgadas por el Gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Puertos”, concluyó.

Una ley en defensa de los derechos soberanos sobre Malvinas El 25 de agosto del año pasado, a instancias de un proyecto elevado por Ex Combatientes de Malvinas de la Tierra del Fuego, la Legislatura de la Provincia aprobó por unanimidad la Ley 852, más conocida como “Gaucho Rivero”; que prohibe “toda permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia que realicen tareas relacionadas con la exploración, perforación o explotación de recursos naturales en la cuenca de las Islas Malvinas, sobre la plataforma continental argentina”. Pero fue recién en febrero de este año que la norma tomó relevancia; cuando interpretada y aplicada por la Gobernadora Fabiana Ríos, el Estado provincial impidió el amarre en el puerto de Ushuaia a los cruceros Star Princess y Adonia, procedentes de Puerto Argentino; Port Stanley para los Kelpers. Tras su aplicación, la Gaucho Rivero fue adoptada y transformada en ley en las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Buenos Aires, acompañando la decisión del Estado fueguino.