E
l Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación en el que se cuestionaba la decisión del Tribunal de Juicio que rechazó el pedido de excarcelación presentado por el abogado defensor de los tres agentes del servicio penitenciario que fueron condenados a 9 años de prisión, por ser considerados coautores penalmente responsables del delito de torturas contra el detenido José Carmelo Castro Moya.
De esta manera, José Alberto Franco, César Alberto González y Rubén Adrián Fernández permanecerán tras las rejas mientras la Justicia resuelve si la condena en cuestión queda firme.
La prisión de los enjuiciados dispuesta al momento de la condena por el Tribunal de Juicio de Río Grande, compuesto por los doctores Daniel Borrone, Juan José Varela y Eugenio Sarrabayrrouse, había sido cuestionada por el abogado defensor de los acusados. El letrado había solicitado la excarcelación de sus representados hasta tanto quedará firme la condena impuesta. El Tribunal había rechazado tal pretensión en atención a “la gravedad del hecho imputado y el deber del Estado de garantizar el cumplimiento del fallo; la existencia de una causa en trámite, en la que distintos reclusos que declararon durante el juicio atribuyeron a los agentes condenados otras conductas análogas a las investigadas en autos; el expreso pedido del agente fiscal interviniente de detener a los imputados” y a la “normativa que regula la prisión preventiva en el ámbito provincial”. Ante esta decisión, el defensor presentó un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia por considerar arbitraria la denegatoria de la excarcelación .
Al analizar los antecedentes del caso, los ministros Sagastume y Muchnik consideraron inadmisible el recurso en cuestión, por cuanto interpretaron que la decisión adoptada por el Tribunal de Juicio no quebranta garantía constitucional alguna de los condenados, y se ajusta a “las pautas objetivas fijadas por el legislador local para la procedencia de la prisión preventiva”.
Los antecedentes del caso
A fines de 2008 el recluso José Carmelo Castro Moya había denunciado a integrantes del servicio penitenciario por haberlo sometido a apremios ilegales durante una requisa realizada en la unidad de detención de Río Grande.
A comienzos de 2009 Castro Moya falleció en un poco claro suceso ocurrido en esa misma cárcel.
El año pasado la denuncia del ya fallecido recluso se ventiló en Juicio Oral y Público, proceso que culminó el martes 18 de septiembre con el dictado de una sentencia condenatoria contra tres agentes del servicio penitenciario, por el delito de torturas. En esa misma oportunidad el Tribunal ordenó la detención de los acusados que habían llegado a la instancia de enjuiciamiento libres y cumpliendo funciones como penitenciarios.
