L
uego de conocidos los números respecto de las acreencias que tiene el IPAUSS con el Estado provincial, los municipios y los entes descentralizados, por más de 2556 millones de pesos tras la certificación efectuada por el TCP, varias posturas gremiales se fueron dando a conocer.
Al respecto, desde el gremio municipal del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) la secretaria General, Sandra Esperón, se refirió a este tema e insistió en que los legisladores “tienen que actuar” para evitar que el Gobierno siga incumpliendo con la ley.
En este sentido, señaló que “hay que exigirle al Gobierno que pague lo que debe” y destacó que actualmente el Instituto no tiene una proyección de ingresos porque no se le paga en tiempo y forma, “acá vemos que se está hablando de cambiar regímenes jubilatorios y hacer modificaciones sobre los beneficios de los afiliados, cuando en realidad hay que hacer una proyección de gastos en virtud de los ingresos”.
En tanto, consideró que “el dinero que no se pagó está generando innumerables inconvenientes y los legisladores tienen que actuar al respecto” y resaltó que se produce la misma situación con los parlamentarios que la discusión de la ley 648, “esto ya lo planteamos y es la misma situación que con la ley 648. Nosotros tuvimos que salir a la calle porque no nos escucharon cuando fuimos y presentamos proyectos para que modificaran la ley y ellos hicieron lo que quisieron, no escucharon a los trabajadores” sentenció en diálogo con Radio Provincia.
Asimismo, comentó que tras la certificación efectuada por el TCP, “ahora veremos qué es lo que van a hacer los legisladores al respecto” porque es una herramienta importante la que se les otorgó, “no habían aprobado el presupuesto con las sentencias judiciales porque decían que no estaba la certificación del Tribunal. Ahora ya tienen la información y tendrán que ver como le exigen al Ejecutivo que pague lo que debe y no siga incumpliendo con la ley” fustigó.
Finalmente, la dirigente gremial criticó que en su momento se presentó en la Legislatura un pedido de Juicio Político hacia la gobernadora por el no pago de los aportes y contribuciones y “el mismo fue desestimado por todos los legisladores” y cuestionó que “se quiere cambiar el eje de la discusión” ya que hablan de modificaciones cuando “el gobierno sigue sin pagar sus obligaciones, no se pueden pagar las jubilaciones a término y la discusión es como le dan el dinero que se debe al Organismo, después con tranquilidad y pagando todos los meses nos podemos sentar a discutir si corresponde o no hacer alguna modificación sobre los beneficios previsionales”.
