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a Unidad de Información Financiera (UIF) apeló la decisión del conjuez Federal de Ushuaia, Antonio Aciar, que rechazó al organismo como parte querellante en la causa que investiga si el represor Jorge Raúl Vildoza vivió en Ushuaia estando prófugo, manejó negocios vinculados con el juego a través de la empresa América Data SA, y recibió ayuda de parte de dos abogados del foro local.
El organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación había pedido ser parte en el caso durante una presentación realizada en diciembre del año pasado, donde también requirió que se les imputara a los letrados sospechosos la figura de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, la solicitud fue rechazada por Aciar a través de un escrito donde se cuestiona las facultades de la UIF para intervenir en este tipo de casos y se postula que las tareas de promoción de la investigación corresponden en forma exclusiva al Ministerio Público Fiscal.
Ante ello, los abogados del organismo nacional resolvieron recurrir la determinación ante la Cámara Federal de Apelaciones con sede en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Hasta el momento Aciar sólo investiga si Vildoza, ex segundo jefe de la ESMA durante la dictadura, estuvo en Ushuaia entre 2000 y 2001, cuando ya se encontraba prófugo de la Justicia, y si recibió para ello ayuda de los abogados Jorge Kreseer Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi.
En cambio la UIF considera que el conjuez debe investigar el presunto lavado de dinero realizado a través de los casinos Oshowia y Casablanca, regenteados por American Data, y también el rol que desempeñaron los abogados, a quienes les atribuye ser cómplices de los delitos económicos del represor.
Por eso, las autoridades nacionales pidieron, incluso, que el juez proceda a realizar embargos preventivos, decomisos, inhibiciones generales y congelamiento de cuentas bancarias de los letrados sospechados de proteger a Vildoza, con el argumento de que se habrían quedado con bienes cuyo origen ilegal conocían.
“Esta causa es un antecedente muy importante para la investigación que nosotros hicimos y por la cual se aplicó por primera vez en la Argentina la ley antiterrorismo con los terroristas de Estado”, había explicado en diciembre el titular de la UIF, José Sbatella, durante su visita a Ushuaia.
Sbatella aludía a las medidas adoptadas sobre American Data en Buenos Aires, tras la detención de la esposa de Vildoza, Ana María Grimaldos.
Sbattella explicó que en el caso Vildoza, “es obvio que si hace 26 años que está prófugo, tiene detrás una red financiamiento. Esta gente posee mucho dinero acumulado del período en que se quedaban con bienes de desaparecidos y todavía funcionan como una unidad operativa económica”, señaló.
