E
l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia juzgará este año dos de las causas vinculadas con el escándalo de las Letras de Tesorería durante la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.
Se trata de la denominada “causa Arrébola” y de la “causa Gualdesi”, que inicialmente iban a ser juzgadas el año próximo pero que fueron adelantadas por el organismo judicial que integran los jueces Jorge Magraner, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón.
Si bien podría haber alguna modificación de último momento, la fecha para el comienzo del juicio del expediente Arrébola es el 23 de agosto, mientras que el caso Gualdesi se juzgaría a partir del 26 de noviembre, informaron a este medio fuentes judiciales y ligadas a la defensa de los imputados.
De esta manera, sumarán diez las causas por presuntos episodios de corrupción gubernamental que se llevarán a proceso oral y público en 2013, ya que otras ocho habían sido confirmadas con anterioridad.
La particularidad de los juicios es que incluirán a ex funcionarios públicos de tres gestiones gubernamentales consecutivas: la del ex gobernador Carlos Manfredotti, la de Jorge Colazo y la de Hugo Cóccaro. Por su parte ni el primer período institucional a cargo de José Estabillo ni el último (actual) que comanda Fabiana Ríos cuentan con causas pendientes de ser sometidas juicio al menos en lo que resta de este año.
Insumos informáticos
El caso Arrébola se remonta al 22 de enero de 2008, cuando fue denunciado por los ex legisladores del ARI.
Ariel Arrébola es el propietario de Compuline, un comercio dedicado a la venta de insumos y servicios informáticos que supo tener varias sucursales en Río Grande.
El comerciante tenía vinculación con el ex gobernador Hugo Cóccaro a partir de haberle prestado servicios a la empresa de construcción Cóccaro Hermanos. De allí también surgió una relación con Horacio Sosa, quien trabajó para la misma firma y en 2007 se desempeñaba como ministro de Obras Públicas a cargo del Ministerio de Economía, en la parte final de la gestión justicialista disidente.
Según declaró el propio Arrébola ante la Justicia, fue Sosa quien le propuso efectuar algunas operaciones con el gobierno provincial, y quien le dijo que para ello, tenía que entregarle un talonario de facturas en blanco. El ministro se encargaría de llenarlas y de concretar la operación. Luego lo llamaría para cobrar, y para quedarse con un porcentaje de lo facturado.
Arrébola asegura que le entregó el talonario a Sosa en mano, en el interior de su negocio y en horas de la tarde. Era octubre del año 2007. También sostiene que hasta ese momento, pensaba que se trataba de operaciones legales, que se iba a prestar un servicio concreto, y que él se iba a quedar con una ganancia.
La investigación judicial demostró que en julio de 2007, el Ministerio de Economía abrió siete expedientes administrativos cuyo único fin habría sido sustraer dinero público. Los trámites fueron caratulados y se les realizó una imputación preventiva de fondos a cuatro de ellos, para garantizar que tuvieran respaldo presupuestario. Después quedaron en un cajón hasta el 10 de diciembre, en que les efectuaron imputaciones preventivas a los tres expedientes restantes.
El juez comprobó que el 13 de diciembre, para dar apariencia de legalidad a la maniobra, se suscribieron resoluciones falsas de la Secretaría de Contrataciones y Suministros, aprobando gastos por servicios que jamás se prestaron. Los documentos se habrían impreso desde una misma computadora ubicada en el Ministerio de Economía, que fue individualizada durante la investigación. Incluso se simuló un giro de los expedientes a través del sistema informático de Gobierno, cuando en realidad, los papeles nunca se movieron de la oficina original. Las resoluciones, además, tenían firmas falsificadas.
Sin haberle vendido ningún insumo, ni prestado ningún servicio al Estado, la Provincia le debía ahora al comerciante Arrébola, 1.753.530 pesos con 94 pesos centavos, que incluían un monto en concepto de intereses y se distribuían en 11 facturas.
Por esta maniobra fueron procesados Arrébola, Sosa, el ex Tesorero y Contador General, Alfredo Iglesias, la empleada María Lorenza Moreno, ex director contable del Ministerio de Economía, Horacio Medone, y la agente contratada Ana María Danna.
Alimentos
En la causa Gualdesi se investiga si existió una maniobra para sustraer fondos públicos simulando prestaciones de servicios o entregas de mercadería que nunca se habrían concretado. El presunto desvío es de 8.202.315 pesos pagados también con Letras de Tesorería.
El caso fue denunciado por la actual gobernadora Fabiana Ríos, también en 2008, y ya tiene procesamientos firmes contra el ex ministro de Economía, Raúl Berrone, la ex secretaria Ana Esparza y el ex contador Alfredo Iglesias, además de los empleados Horacio Medone, María Lorenza Moreno y Juan Carlos Pacheco y dos comerciantes de la firma proveedora, Gualdesi Hermanos.
También fueron procesados el secretario contable del Tribunal de Cuentas, Emilio May, a quien se le imputa haber levantado las observaciones que luego posibilitaron el pago de los expedientes, y el empleado de planta Isidro Ferreyra, quien habría conformado las facturas de la operatoria.
El juez Javier De Gamas Soler emitió un primer pronunciamiento sobre el caso el 18 de noviembre de 2008. Allí dio por demostrado que los implicados falsificaron 18 facturas tipo B y remitos, además de alterar, suprimir y modificar otros documentos administrativos, con el fin de hacer figurar como legal, una operación que nunca se habría llevado a cabo.
Para ello, y según el magistrado, los responsables de Gualdesi reclamaron por carta documento una deuda inexistente, mientras que los funcionarios agregaron documentos falsos para “acreditar” la operatoria.
También se comprobó que el expediente administrativo fue iniciado con facturas originales emitidas en el año 2006, con el fin de engañar a los organismos de control. Y que después se habrían cambiado las facturas reales por las falsas.
“Estamos en condiciones de afirmar que entre el 29 de junio y el 1 de noviembre de 2007 se cambiaron las facturas originarias por las copias que actualmente están agregadas al expediente”, afirma el juez en la resolución judicial de 2008. Y agrega que luego fueron sustituidos otros cuatro documentos porque “la descripción de las facturas anteriores no coincidía con las actuales imitaciones”.
Según De Gamas, “las notas neurálgicas para la consumación de la maniobra fueron confeccionadas en la computadora que utilizaba” uno de los acusados.
“Resulta hasta ridículo discutir si se concretó o no la prestación, pues más allá de que se la intenta justificar con documentos totalmente apócrifos y explicaciones absurdas, la deuda nunca fue registrada en los estados contables de la firma Gualdesi, tal como se desprende del peritaje contable realizado en autos”, razona el juez. Y concluye que “a esta altura podemos afirmar entonces que no sólo se han falsificado las facturas y remitos que hoy están glosados al expediente de pago, sino que además los documentos se fueron alterando, suprimiendo, modificando y agregando según resultaba conveniente a los oscuros intereses perseguidos por los imputados”.
“Es tal el desprecio a las instituciones que denota el accionar de los imputados que ya ni siquiera se tomaban la molestia de reimprimir la documentación (insisto: material o ideológicamente falsa) al efectuar alguna sustracción o modificación en el expediente de modo que la foliatura sea correlativa”, señala también el mismo magistrado.
Luego ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y la causa fue elevada a juicio, aunque en forma paralela se siguió investigando la responsabilidad de otros funcionarios, como la del ex gobernador Cóccaro cuya situación procesal aún no está definida.
