En el seno de la Comisión de Hacienda del Parlamento capitalino

Analizarán proyecto para regular tiempo de atención al público con entidades financieras

14/04/2013
E
l vicepresidente 1º del Concejo Deliberante de Ushuaia, Mario Llanes, informó que el proyecto de su autoría para regular el tiempo de espera en atención al público, se tratará el próximo viernes en el ámbito de la Comisión de Hacienda.
En tal sentido, Llanes anunció que se convocará, desde la presidencia de la Comisión a cargo de su par Oscar Rubinos, a titulares de las entidades bancarias y financieras de la ciudad, a fin de generar el análisis de la iniciativa junto a referentes del sector abocado a la atención del público para el cobro de servicios y pago de haberes.
Cabe recordar que la propuesta del edil del Partido Justicialista se enmarca en antecedentes recientes como la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, teniendo su marco jurídico en la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Nacional, en lo referido al derecho a la igualdad de trato y oportunidades, condiciones dignas y equitativas de trato y la protección integral de consumidores y usuarios, con el objetivo de regular los tiempos de espera que como máximo debe asumir la atención al público en establecimientos públicos y privados que presten servicios de cobranza de impuestos o servicios y pagos de haberes de todo tipo.
En ese marco, el proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Mario Llanes prevé un tiempo prudencial de 30 minutos como parámetro máximo de espera para la atención al público, adecuando la dinámica de las instituciones en función a la demanda existente, promoviendo la agilización de trámites para los vecinos.
Al momento de la presentación de la iniciativa, el edil advirtió que “de esa manera, se logrará una atención más eficiente y digna para los vecinos de la ciudad”, y adelantó que el proyecto “establece además un sistema de sanciones por la detección de infracciones por parte del propio Ejecutivo Municipal o a partir de quejas de los vecinos”, a lo que se sumará “la obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con un Libro de Quejas donde la comunidad podrá asentar el incumplimiento en el tiempo máximo de 30 minutos para la atención al público que marcaría la normativa”.
En tal sentido, cabe indicar que la propuesta del Partido Justicialista en el Parlamento capitalino prevé la exigencia a los establecimientos comprendidos en la normativa, sobre la exhibición de un cartel a la vista del público, en letra y tamaño legible, en que se informe que “toda persona tiene derecho a comenzar a ser atendida en un lapso no mayor a treinta minutos desde que ingresa al establecimiento. Se encuentra a disposición un libro de quejas para el caso de incumplimiento”.
Asimismo, de sancionarse el proyecto de ordenanza, se generaría un sistema de infracciones que irían de 40 a 100 U.F.As (Unidad Fija a Aplicar) por no contar con el cartel indicativo; de 70 a 200 U.F.As por no encontrarse a disposición el Libro de Quejas; y de 100 a 400 U.F.As en caso de brindar atención al cliente en un plazo mayor a treinta minutos.
“La intención es discutir el tema con los principales responsables del sector, analizando la viabilidad del proyecto y buscar alternativas que puedan sumarse a la propuesta”, sostuvo Llanes, y agregó que “la idea es agilizar la atención al público, y descomprimir la presencia de vecinos en este tipo de entidades, porque muchos de ellos concurren a realizar simples consultas y para ello esperan varias horas hasta ser atendidos”.
“Podrían generarse por ejemplo, de manera paralela al proyecto de ordenanza, nuevos sistemas de acceso a las principales consultas que realizan los usuarios, desde internet o de manera telefónica”, advirtió el edil, y señaló que “en caso de que ya existan estas herramientas, sería necesario ampliar la difusión para evitar que la gente concurra a la entidad bancaria pudiendo evacuar su inquietud desde su casa”.
Según informó el concejal Mario Llanes, durante el encuentro de la Comisión de Hacienda previsto para este viernes, se prevé “debatir el proyecto con los actores principales, y ver de qué manera se puede alcanzar una normativa viable, útil para la comunidad y que no perjudique el funcionamiento de las entidades involucradas”.

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