Piden investigar a Daniel Gallo por lavado de dinero
CASO GLISUD: DICTAMEN DEL FISCAL NACIONAL ANTILAVADO

Piden investigar a Daniel Gallo por lavado de dinero

14/04/2013
E
l fiscal general de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Omar Pleé, emitió un dictamen donde considera que debe investigarse por presunto lavado de dinero al ex vicegobernador de la provincia, Daniel Gallo, en torno al escándalo con la empresa fantasma Glisud SA.
El documento de veinticinco páginas, al que accedió EDFM, también le imputa la misma figura al presidente de la firma acusada de comprar créditos subvaluados del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Enrique Pinto, a la vicepresidenta e hijastra suya, Melina Solari, a la ex representante de la empresa, Graciela D´adamo y al ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas.
La Justicia de la provincia ya procesó a las autoridades de Glisud y a los ex funcionarios del Residual por la maniobra realizada en 2002, mediante la cual Glisud, creada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo, se hizo de varios préstamos del Fondo a través de una operación fraguada, con una oferta falsa y la supuesta colaboración de los funcionarios de la época.
Sin embargo, en otra causa paralela, se investiga el origen de los fondos utilizados por Glisud para llevar a cabo esa operatoria, y es allí donde el juez Javier De Gamas Soler requirió el dictamen del fiscal general antilavado.
La respuesta del funcionario de la Justicia Nacional fue un minucioso y preciso resumen del caso donde se concluye que “existen variados elementos de naturaleza probatoria, directos e indiciarios, como para que se evalúe imputar formalmente a Pinto, Solari, Casanovas y D´adamo, en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo”. A su vez, se agrega la necesidad de “profundizar la investigación en torno a las acciones y/o aportes que pudiese haber realizado el entonces vicegobernador provincial (Daniel Gallo) y empleador de dos de los imputados”.
De esta manera, por primera vez el escándalo Glisud llega hasta lo más alto del poder político de la época, ya que hasta el momento sólo había involucrado directamente a funcionarios de segunda línea.
Al presumirse el delito de lavado de dinero, el juez De Gamas Soler se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa a través de una resolución dictada el 18 de marzo.
Desde entonces, las actuaciones fueron giradas a la Justicia Federal de Ushuaia, para que entienda el juzgado a cargo del juez Federal Federico Calvete y la Fiscalía que conduce el fiscal Federal Juan Arturo Soria.

“Plata negra” del Estado

Luego de analizar y describir las complejas circunstancias que rodearon la actividad de la empresa Glisud en Tierra del Fuego, el fiscal antilavado llegó a una conclusión reveladora: consideró que existen elementos para sospechar que el dinero usado para comprar los créditos subvaluados del Fondo Residual no surgió de un préstamo de una empresa uruguaya (como se habría querido simular) sino que se trataría de “plata negra” de la corrupción en Tierra del Fuego.
Es decir que la operatoria cerraría un círculo ilícito mediante el cual se habrían usado recursos apropiados del Estado para concretar un negociado en la provincia con esos mismos fondos.
“Considero que existen variados elementos de prueba, directos e indiciarios, para suponer prima facie un aparente desvío de recursos provinciales bajo una misma dirección, extremo que, indiciariamente, determina el origen espurio del dinero que se aplicó a la compra de los títulos de deuda” con los que después operó Glisud en la provincia, sostiene Pleé en su dictamen.
Y más directamente, el fiscal afirma también que “los activos aplicados a la compra de títulos habrían provenido de un delito asociado a la corrupción del Estado”.

Una empresa fantasma

Para arribar a las presuntas responsabilidades de los involucrados, el fiscal Pleé reconstruyó primero los aspectos principales del escándalo Glisud.
Así, recordó cómo a través de las leyes provinciales 478 y 486, el Estado fueguino “provincializó” la deuda privada del BTF, estimada en 208 millones de dólares, proveniente en gran parte de activos prestados por el banco a empresarios locales durante la gestión del ex gobernador José Estabillo. Esa medida es la que dio origen al Fondo Residual (ya durante la gestión Manfredotti) un organismo destinado a recuperar parte de los créditos declarados “incobrables” por la entidad crediticia.
En ese contexto, el fiscal se centra en el concurso de ofertas convocado por el Residual el 30 de diciembre de 2002, para ceder los derechos sobre el cobro de los préstamos otorgados por el BTF a María Cristina Mitrovich, Abel Zanarello y Pantaleón Celano.
El Fondo consideró como la mejor oferta a la presentada por Glisud SA por un valor de $1,1 millones en bonos PRO4 que en ese momento estaban en default y que tenían un valor de mercado de $261.691.
Como se ha mencionado al comienzo de esta nota, las irregularidades detectadas por la Justicia en esa operatoria (la oferta fue falsificada y habría existido connivencia con las autoridades del Fondo para adjudicar a Glisud) motivaron el procesamiento de todos los involucrados en una causa que está cerca de ser elevada a juicio.
Además de los créditos de Mitrovich, Zanarello y Celano, Glisud se habría quedado con otros cinco préstamos, totalizando una defraudación del orden de los $2.209.500.
Pero atento a la posibilidad de que exista lavado de dinero, el fiscal Plée analiza el origen de los fondos usados por Glisud para adquirir los títulos con que terminó comprando los créditos del Residual.
Para ello, el funcionario del Ministerio Público nacional menciona que la empresa fue constituida por dos ancianas indigentes, Ilda Delia Bellusci y Máxima Amanda Correa, el 4 de octubre de 2002, con un capital original de 12 mil pesos. Y recuerda que un mes después, el 11 de noviembre de ese año, la empresa fue adquirida por Pinto y por su hijastra Solari.
También se consigna que el domicilio legal de Glisud era Corrientes 1888 (lugar donde funcionaba un prostíbulo) y que las líneas telefónicas estaban a nombre de D´adamo, quien luego presentó la oferta falsa ante el Fondo Residual.
Bellusci figura en registros oficiales como fundadora de unas 200 sociedades de este tipo, mientras que Correa creó 196. En todos los casos, como también pasó con Glisud, las empresas eran vendidas al poco tiempo y todo ello se hacía gracias a la actuación de escribanos como Horacio Sergio Geller Gorodisch, Rubén Oscar Erviti y Alberto Ricardo Amado, luego investigados y destituidos de sus cargos por estas irregularidades.

Simulación uruguaya

¿Pero de dónde salieron los fondos para que Glisud adquiriera los bonos con que después operó en la provincia?
Según está demostrado en la causa judicial, la empresa adquirió los títulos el 31 de enero de 2003 de la firma Crider Trading SA. La operación incluyó la compra de títulos por $297.014,64 para lo cual Glisud depositó $298.700 en la cuenta corriente del Banco Tierra del Fuego número 515004/5.
Los primeros datos sugestivos son que el depósito se realizó el mismo día de apertura de la cuenta, y que el movimiento de dinero (hace diez años) era demasiado significativo para una empresa recién iniciada en la plaza.
No solo eso. Glisud estaba presidida por Pinto, y Crider Trading SA, también. Es decir que Pinto en representación de Glisud le compró los títulos a otra empresa presidida por él mismo.
Además, para justificar de dónde obtuvo el dinero, Pinto mostró un contrato con una firma llamada Crider SA, con domicilio en Uruguay. Según ese contrato (llamado de mutuo) Crider le prestó 140 mil dólares a Glisud para que compre los créditos del Fondo Residual a cambio de cederle los derechos de los préstamos hipotecarios “una vez perfeccionada la operación”.
Sin embargo, el documento no tiene fecha ni certificación de firmas. Y Crider SA no existe en los registros oficiales de empresas uruguayas. Por lo tanto la hipótesis más probable es que el contrato de mutuo sea falso, y que se haya consignado el nombre “Crider SA” en lugar de “Crider Trading SA”, para que no volviera aparecer Pinto ligado también al origen del dinero.
“La operación denota una desproporción en la utilización de instrumentos y estructuras jurídicas a la concreción de un fin, puesto que por un lado se exterioriza una compraventa entre dos personas jurídicas con un mismo denominador común (Pinto), donde una de ellas recurre al mercado extranjero para la obtención de financiamiento, en circunstancias que, en sí son dudosas y que sólo extratemporalmente se buscó acreditar”, asevera el fiscal Plée en su dictamen.
El origen de los recursos de Glisud era tan sospechoso que hasta el propio Banco de la provincia, efectuó un “reporte de operación financiera” ante la Unidad de Información Financiera (UIF) el 23 de marzo de 2003.

Indicios contra Gallo

Para desandar el camino que lo condujo hasta el vicegobernador provincial Daniel Gallo, el fiscal Pleé analizó las múltiples relaciones interpersonales entre los imputados y también el rol que cumplió cada uno en el escándalo con la empresa Glisud.
Según Pleé, “se halla acreditado que el encartado Pinto, accionista y director de Glisud SA y de Crider Trading SA, mantuvo entonces y en los años posteriores un estrecho vínculo laboral con quien a la fecha de la operación era el vicegobernador de la provincia. Esta situación se verifica, además, porque el nombrado Pinto, entre los años 2004 a 2007, registró aportes como empleado del Congreso Nacional, asesorando al Sr. Gallo cuando este integraba el cuerpo legislativo en calidad de diputado nacional”.
Ese “estrecho vínculo laboral” entre Pinto y Gallo queda aún más claro al observar los documentos acercados al expediente por el testigo Víctor Tela, perjudicado por el mismo grupo de personas en una maniobra sucesoria sobre un terreno rural en Tolhuin.
De allí se desprende que Pinto fue “personal de gabinete de la Subsecretaría de Inversiones en Capital Federal, contratado como agente categoría 24, desde el 9 de marzo de 2000 hasta el 10 de enero de 2004.
Es decir que Pinto fue contratado en el gabinete durante toda la gestión Manfredotti–Gallo, y por lo tanto consumó la supuesta maniobra de defraudación y lavado de dinero a través de Glisud, siendo agente estatal.
En tal sentido, no deja de llamar la atención de los investigadores que Gallo haya declarado en 2011 conocer a Pinto “como un vecino más de Río Grande”, cuando había sido cuatro años personal de planta de su gobierno y otros cuatro años asesor personal en el Congreso.
Por otra parte, el fiscal antilavado hace hincapié en que la contadora Graciela D´adamo, nada menos que la representante de Glisud ante el Fondo Residual con una oferta falsa y en cuyo domicilio de Buenos Aires funcionaba la empresa (y de paso un prostíbulo) fue contratada por la Legislatura provincial presidida por Gallo.
El dato novedoso (porque ese vínculo ya era conocido en Tierra del Fuego) es que hasta el momento solo se conocían dos contratos firmados por Gallo y D`adamo en la Legislatura, y otros dos entre D´adamo y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Ahora fueron agregados a la causa nuevas contrataciones que prueban la relación laboral entre el vicegobernador y la apoderada de Glisud entre febrero de 2001 hasta junio de 2003.
En otras palabras, “Gatúbela”, como se conoce a la mujer en Ushuaia por las fotos en las que apareció disfrazada como ese personaje de la serie Batman, estaba contratada por la Legislatura presidida por el ex vicegobernador en el momento en que se consumó la maniobra defraudatoria con Glisud. O sea que siendo asesora del Poder Legislativo que aprobó la ley del Fondo Residual y las reglas para vender la cartera crediticia incobrable del BTF, se presentó como representante de una empresa que ganó una de las ofertas de esos préstamos, todo bajo el supuesto conocimiento de quien detentaba el segundo lugar en la escala de poder institucional de la isla.
Para ilustrar esta situación, sostiene el fiscal antilavado en su dictamen que “D´adamo no solo ha sido representante de Glisud, sino que al mismo tiempo ha sido asesora contable del mismo cuepo legislativo que dictó la norma 478 que terminó posibilitando y beneficiando los intereses comerciales de Glisud”.
“Fue empleada del segundo integrante en importancia del Poder Ejecutivo provincial, órgano que instrumentó y puso en práctica la norma, amén de que nombró a las autoridades del Fondo Residual, quienes en ultimo termino autorizaron las operaciones con Glisud”, razona el fiscal.
Además, Gallo tuvo una intervención directa a favor de los intereses de Glisud. Fue el 25 de junio de 2003. Ese día, el Banco de Tierra del Fuego le aprobó a la empresa un acuerdo en cuenta corriente por 133 mil pesos de la época, a pesar de que no tenía garantías suficientes para respaldar esa suma. Un memorándum interno del BTF, al que accedió este diario, asegura que ese descubierto fue autorizado por vía de excepción “en base a un pedido realizado por el vicegobernador Gallo”.
“Los vínculos personales constituyen otro indicio incriminante que conjuga con la voluntad de ocultar detrás de un velo, operaciones que atañen negociaciones incompatibles, las cuales terminan confundiendo el interés económico particular con el interés público provincial, y paralelamente llevan a un efectivo y alto grado de sospecha”, concluye el fiscal Pleé al referirse al caso.
Según el funcionario nacional, el expediente amerita que se investigue “la existencia de un grupo de personas físicas y jurídicas, cuya conformación y accionar habría constituido un factor clave para que se pudiesen reconducir activos, licuándolos en su estructura, distanciándolos de su espurio origen y logrando así su legitimación”, asegura Pleé.
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