Concluyó otro juicio por adelantos con cargo a rendir

Fueron absueltos dos ex funcionarios colacistas

23/04/2013
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a Justicia de Ushuaia absolvió ayer de culpa y cargo a dos ex funcionarios colacistas acusados de corrupción, en un juicio oral y público que había empezado el lunes y que investigaba irregularidades en dos obras públicas pagadas a través de un adelanto con cargo a rendir de 900 mil pesos.
La sentencia benefició al ex secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal, y al ex subsecretario del área, Jorge Domínguez, quienes ya se encuentran detenidos por sentencias anteriores vinculadas a casos similares.
La resolución judicial también determinó la absolución de dos comerciantes, ex contratistas del Estado, que había sido involucrados en la maniobra de presunto peculado: Juan Ernesto Schenone y Pablo de la Cruz Peña.
El veredicto de la causa 1348/10 fue leído ayer a las 14.15 en la sala de audiencias del edificio de Tribunales de Monte Gallinero.
Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia decidieron absolver de culpa y cargo tanto a Bernal y Domínguez, como a Schenone y de la Cruz peña, de los presuntos delitos de “peculado reiterado en concurso ideal como falsedad ideológica de instrumento público”.
La medida leída por el juez Maximiliano García Arpón, presidente del tribunal en la audiencia de juicio, contradijo el pedido realizado por el Fiscal Mayor, Guillermo Massimi, durante la etapa de alegatos que también se llevó a cabo ayer.
Massimi había requerido penas de 2 años y 3 meses de prisión para Bernal y Domínguez, y dos años para Schenone, mientras que también también requerido la absolución para De la Cruz Peña y los dos ex funcionarios en función de otro de los hechos investigados.
Es que si bien el origen de la causa fue el destino de un adelanto con cargo a rendir por 900 mil pesos, con el transcurrir de la investigación sólo llegó a presumirse delito en dos obras en particular realizadas con ese dinero.
Una de ellas consistió en los trabajos de reparación realizados en un edificio del área de fronteras, y la otra en las refacciones a oficinas de Turismo ubicadas en la calle 25 de Mayo, aquí en Ushuaia.
La acusación fiscal se centró en la obra de las oficinas de Turismo, por la que el Estado pagó 13 mil pesos cuando se habrían ejecutado trabajos por cerca de 2 mil, mientras que desechó por ausencia de elementos probatorios la comisión de un delito en la obra restante.
Aún así, el Tribunal integrado por García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Jorge Magraner resolvió absolver a los imputados en función de su desempeño en torno a las dos obras investigadas.
El mismo pedido habían realizado en sus respectivos alegatos los abogados defensores: Félix Santamaría (abogado particular) y Gustavo Ariznabarreta y Juan Carlos Assan (defensores públicos).
En sus últimas palabras antes de la sentencia, el ex secretario Bernal había dicho que su error fue “confiar en la gente que tenía en el Ministerio” y admitió que el tema “se le fue de las manos”.
Por su parte Domínguez aseguró que “no fue su intención cometer ningún delito” y que en ese momento “no sabía el valor que tenía su firma” como funcionario.
En tanto De la Cruz Peña había solicitado que “se haga Justicia” y Schenone había dicho que “hice todo bien”.

Al final no hubo delito

El caso que concluyó ayer surgió de una supuesta defraudación contra la administración pública cometida con motivo de la tramitación del expediente administrativo Nº 15.518/04.
Allí consta un pedido del ex ministro de Obras Públicas Jorge Gómez Nux, solicitando autorización para un adelanto de 900 mil pesos destinado a “atender necesidades de reparaciones y refacciones en edificios públicos de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, en función del alto estado de deterioro en que se encontraban algunos de ellos y la necesidad de ejecución de diversos trabajos en colegios provinciales, refacciones de oficinas y readecuación de equipos”.
Después, un informe del Tribunal de Cuentas reveló serias irregularidades, como “la inexistencia de presupuestos oficiales, falta de especificaciones técnicas, bases y condiciones mínimas para la ejecución de las obras, ausencia de los contratos pertinentes, incorporación de documentación falsa (presupuestos, facturas y notas) direccionamiento en la adjudicación de los trabajos, no prestación del servicio solicitado o bien de la totalidad de los mismos, y existencia de sobreprecios en varios de los trabajos comprendidos”.
Sin embargo, las obras fueron desglosándose en función de las que incluían irregularidades administrativas y las que podían constituir delito, hasta llegar a las dos que terminaron en juicio, pero sin responsabilidad de los acusados de acuerdo al fallo judicial de ayer.

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