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a comisión de negociación de contratos petroleros consideró haber evacuado todas y cada una de las objeciones que fueran planteadas por el Fiscal de Estado a los acuerdos de las prórrogas de las concesiones de las áreas Las Violetas, Río Cullen y Angostura que fueran suscritos por el Poder Ejecutivo con la petrolera Roch.
En el documento presentado durante la mañana del martes ante los legisladores que integran la Comisión de Recursos Naturales, si bien se reconoce que el marco de confidencialidad que rigió la negociación obligó a que “no se hayan plasmado en el expediente numerosos debates y cotejos de información” que se encuentran resguardados por normativa nacional –como perfiles de pozo, registros sísmicos y mapas estructurales, entre otros–, como así tampoco datos de carácter reservado aportados por las empresas referidos a cuestiones tales como su giro comercial, costos o márgenes de rentabilidad, se sostiene que el “déficit informativo” señalado por la Fiscalía no es tal. Se asegura que no falta información “sustentatoria de las conclusiones a las que arribó esta comisión; aunque es factible que la misma resulte de difícil interpretación y análisis para aquellos que no están familiarizados con las prácticas operacionales de la industria petrolera”.
Los integrantes de la Comisión abordaron de manera particularizada cada unos los puntos de la renegociación que fueron objetados por el órgano de control. Así, por ejemplo, en cuanto a la falta de verificación del buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión, precisan que “el pliego mediante el cual se licitaron” originalmente “los derechos de concesión sobre las áreas no requirió un compromiso de inversión” por cuanto “el criterio utilizado por el concedente (estado nacional) al seleccionar fue el monto del derecho de explotación ofrecido por cada oferente”. A pesar de ello, afirman que se realizó “un profundo y exhaustivo análisis de las inversiones realizadas desde el inicio de la concesión, de los pozos perforados, de los ductos e instalaciones de producción construidas y en operación, del relevamiento de pasivos ambientales, de los estudios geofísicos realizados, de la cantidad de personal contratado, entre otra documentación”, lo que permitió determinar que desde el 2000 a la fecha “las inversiones realizadas superan los 160 millones de dólares” y que el 50% de ese monto estuvo destinado a la perforación de pozos, y que “transcurridos más de 20 años de operación, la producción de las áreas Río Cullen y las Violetas aumentó de 15m3/día de petróleo a 200m3/día, y de 128.177 m3/día de gas a 1.000.000 m3/día. Como dato ilustrativo agregan que mientras desde 2006 a hoy la producción de gas a nivel nacional decreció un 13%, en Tierra del Fuego la concesionaria (Roch) la incrementó en un 18%. Precisan también que en la última década las reservas de gas y petróleo en la Provincia se triplicaron, aunque en este caso no comparan este resultado con el registrado a nivel general, lo que impide determinar cuán trascendente resulta el dato aportado.
En lo relativo a la ausencia de información técnica que de sustento a la “determinación de la suma a pagar por el concesionario en concepto de canon de permanencia” y las imprecisiones relativas al mecanismo dispuestos para la fijación del canon diferencial fijo y del canon diferencial variable, se detalla el criterio técnico y económico utilizado a tal fin y se precisa que en función de ello el beneficio total resultante para la provincia por la prórroga de esa concesiones asciende a los 24,9 millones de dólares, de los cuales 24,2 millones de dólares corresponden al áreas Las Violetas y los 680 mil dólares restantes a las áreas Angostura y Río Cullen.
En principio los legisladores se mostraron satisfechos con la exposición brindada por el secretario de Hidrocarburos, Omar Nogar, y el secretario de Gestión de Hidrocarburos y Energía, Ricardo Saporiti; el subsecretario de Exploración, Explotación y Nuevos Proyectos Hidrocarburíferos, Alejandro Aguirre; el secretario de Hacienda, Alejandro Barroso y el Ingeniero Daniel Blázquez, en su carácter, estos últimos, de integrantes de la comisión de negociación. De todas maneras, los parlamentarios precisaron que quedarán a la espera de la evaluación que del informe en cuestión realice el Fiscal de Estado.
Del encuentro tomaron parte los legisladores Jorge Lechman y Claudia Andrade (MPF); Laura Rojo (PPP); Myriam Martínez, Héctor Tapia y Juan Arcando (FPV); Pablo Blanco (UCR); Eduardo Barrientos y Susana Siracusa (PJ) y Fabio Marinello (PSP).
