Cifras oficiales

Ushuaia triplica a Río Grande en cantidad de casos de diarrea

06/05/2013
E
n Ushuaia se registraron tres veces más cantidad de casos de diarrea que en Río Grande durante los últimos dos años, y las asociaciones civiles que monitorean cuestiones ambientales sostienen que el fenómeno está relacionado con el colapso del sistema cloacal.
El dato surge de información oficial girada por la Dirección de Epidemiología de la provincia a la Fiscalía de Estado, en el marco de un expediente abierto a raíz de la presentación realizada por la ONG Participación Ciudadana.
De allí surge que en 2011, Río Grande registró 3534 casos de diarrea (lo que equivale a una tasa de 5019 cada 100 mil habitantes) mientras que en Ushuaia se produjeron en el mismo período 9007 casos (una tasa de 14233,1 cada 100 mil habitantes).
Por su parte en 2012 la tendencia se mantuvo. Río Grande registró 3233 casos (tasa de 4591,5) y Ushuaia 8225 (tasa de 12.997,4).
La información oficial fue proporcionada al organismo de control por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, que depende a su vez del Ministerio de Salud de la Nación.
La diferenciación entre ambos distritos de la provincia en materia de casos de diarrea cambió sustancialmente a partir del período 2011/2012, ya que antes la cantidad de registros era prácticamente similar en las dos ciudades e incluso desde 2007 a 2009 hubo más casos en el norte que en el sur de la provincia.
Desde las entidades ambientales no sólo están convencidos de la relación directa entre esta circunstancia y la falta de tratamiento de los efluentes cloacales, sino que además citan dos argumentos concretos.
Por un lado sostienen que la baja de casos en Río Grande se vincula con el fallo dictado por la jueza Civil Silvia Herráez, que en marzo de 2010 hizo lugar a una demanda de una asociación civil y le otorgó legitimación activa en el marco de una causa por la contaminación del Río Grande.
Se trata de la causa “Asociación de Consumidores y Usuarios (ACU) c/Municipalidad de Río Grande y otro s/Protección de intereses colectivos o difusos”, en la que la asociación demandó al Estado municipal y provincial “a efectos de que se condene y constriña a dichas dependencias públicas a que en un plazo perentorio dispongan las medidas necesarias para paralizar y evitar los hechos y acciones que en la actualidad se encuentran contaminando de modo ilegal el cauce del Río Grande”.
Los demandantes sostuvieron que “la contaminación del río no solo vulnera el derecho de los habitantes de esta ciudad a poseer y disfrutar de un ambiente sano, sino que también se erige en un factor de riesgo para la salud de la población, por lo que existe de por medio un interés social que se debe priorizar”.
Por eso la jueza reconoció a la ACU legitimación activa y aprobó un plan de saneamiento conjunto presentado por la Municipalidad y el Gobierno de la provincia y dispuso la realización de mediciones semestrales para saber el grado de contaminación del río, a partir de septiembre de 2010.
Mientras tanto, las asociaciones aducen que, como contrapartida, en los últimos dos años colapsó el sistema cloacal por la desinversión en infraestructura que fue dejando fuera de funcionamiento las diferentes estaciones de bombeo, con el consecuente vertido de material crudo sobre la bahía encerrada y sobre la costa del Canal Beagle en general.
La Fiscalía de Estado había exhortado al Gobierno provincial y en particular a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios a que contuvieran la situación, pero hasta el momento no hay acciones concretas para cumplir con ese objetivo.
El Ejecutivo dio a conocer los alcances de un plan rector de agua y cloacas encargado a una consultora. Sin embargo, los primeros trabajos derivados de ese plan se construirían recién en los próximos cuatro años.

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