E
l fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, le remitió a la Justicia el informe elaborado por ese organismo como resultado de una recorrida por instalaciones de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, realizada el pasado 9 de mayo, y donde se deslizan interrogantes sobre el sistema de potabilización del agua.
La documentación fue presentada en el marco de la demanda por protección de intereses colectivos que inició la Asociación Civil Participación Ciudadana ante el juez Civil y Comercial de Ushuaia Alejandro Fernández. La ONG solicita que se condene al Gobierno provincial y al Municipio a realizar las obras que detengan la contaminación costera por la falta de tratamiento de efluentes cloacales.
El juez recibió el documento del Fiscal de Estado y también puso en marcha el mecanismo de participación que fija el Código de Procedimientos para este tipo de casos, precisaron fuentes allegadas a la causa.
De esta forma, un extracto de la demanda será publicado esta semana en EDFM y también se difundirá por Canal 11, para que los interesados en el tema puedan adherir al planteo judicial.
El informe de Martínez de Sucre ya había sido girado la semana pasada a los legisladores provinciales, y su contenido fue anticipado el viernes por este medio.
Allí se consigna que de la recorrida por las plantas potabilizadoras de la DPOySS “surgen elementos e interrogantes que permitirían interpretar que no solamente se encontraría en juego la normal provisión de un servicio esencial sino hasta la propia salud de la población”.
Al respecto señala que el órgano de control accedió “a una serie de explicaciones que han dejado más dudas que certezas y no han mostrado nada que se encuentre funcionando en forma definitiva. Tan sólo una serie de obras en ejecución que aún no han sido concluidas, a excepción de una que resuelve un problema inmediato pero no de fondo”.
