L
a situación financiera del sistema provisional fue descrita con toda crudeza durante la reunión que mantuvieron legisladores, representantes de los municipios y del Ejecutivo provincial.
Los fríos números aportados por el secretario de Presupuesto de la Provincia, Claudio Blanco, indican que los ingresos previstos hasta fin de año por aportes y contribuciones alcanzan los 490 millones de pesos, lo que sumado a los 62 millones de pesos que se comprometió a pagar el Ejecutivo en concepto de cancelación de deuda corriente previsional arroja un total de 558 millones de pesos, contra un estimada en jubilaciones a diciembre de 736 millones de pesos más otros 16 millones para atender gastos operativos, que hace un total de erogaciones de 752 millones.
Habida cuenta los acuerdos de pago firmados por el Instituto con la Dirección de Puertos, el InFueTur, y los planes de cancelación de deuda anunciados ayer por los Municipios de Río Grande y Ushuaia, esos fondos extras no modificarían sustancialmente el rojo de la caja de jubilaciones.
Por ello, para tratar de equilibrar las cuentas del organismo, el funcionario del ministerio de Economía planteó, informalmente, una serie de herramientas, tales como redireccionar al sistema previsional un 3% de las contribuciones asistenciales; establecer un aporte general del 6% a cargo del sector pasivo, más un aporte especial a cargo de los jubilados menores de 55 años y otro diferencial a aplicar sobre los haberes de pasividad que superen, por ejemplo, la retribución de la Gobernadora. De esta manera se sumarían ingresos por cerca de 150 millones de pesos. Pero como ese monto no cubre totalmente el déficit previsto, todos los organismos deudores del sistema previsional, excluido el Ejecutivo, deberían comprometerse a pagar unos 50 millones de pesos a diciembre.
Desde los Ejecutivos municipales se dejó en claro que no estaban de acuerdo con asumir un compromiso de tamaña magnitud. El Municipio de Ushuaia entregó copia de la propuesta de pago presentada ayer mismo al Directorio de IPAUSS, que consiste en un recálculo de la deuda por intereses, que por aplicación de una tasa promedio del 12% anual, se ubica en unos 7 millones de pesos, pagaderos en 48 cuotas de 200 mil pesos cada una a partir del próximo mes de noviembre, por cuanto en octubre termina de cancelar el acuerdo por deuda de capital más punitivos y resarcitorios firmado en 2003. Desde Río Grande también se informó, sin mayores detalles de la misma, que también habían presentado una nueva oferta de pago al IPAUSS con una reducción sensible del monto certificado por el Tribunal de Cuentas, lo que daría por tierra con la posibilidad de que el global a aportar por los organismos deudores alcance a diciembre los 50 millones de pesos que fueran contemplados en su exposición por Claudio Blanco.
Tanto el intendente Sciurano como el secretario de Gobierno de Río Grande, Paulino Rossi, dejaron en claro que para que las propuestas de pago de deuda al IPAUSS sean cumplidas resulta necesario que el Ejecutivo provincial garantice la remisión, en tiempo y forma, de los recursos de coparticipación y comience a achicar la deuda originada en la demora en la remisión de fondos.
Este planteo motivó la intervención del mopofista Damián Löffler, quien se mostró molesto por el reclamo de los municipios. El parlamentario sostuvo que en virtud de la grave situación financiera del IPAUSS había albergado la esperanza de que los convocados manifestaran su predisposición de reformular su plan de gastos para destinar recursos extras al organismo de la seguridad social. En ese marco dijo que pensó que se iba a plantear como alternativa que los poderes, organismos y municipios resignaran una parte de sus presupuestos para garantizar el pago de jubilaciones hasta fin de año.
Con estos números y estos planteos se dio por cerrado el primer capítulo de la reunión de ayer, la que a partir de ese momento estuvo referida a las deudas de coparticipación que la Provincia mantiene con los municipios.
El Secretario de Hacienda, Alejandro Barrozo, precisó que por el período 2012–2013 adeudan por coparticipación al Municipio de Ushuaia 43,8 millones de pesos, de los cuales unos 32 millones corresponden a este año, y 35,4 millones al de Río Grande, de los cuales 24 millones de pesos son de este 2013.
Estos datos difirieron de los aportados por los secretarios de Finanzas de ambos municipios, ya que el de Ushuaia refirió que la deuda acumulada ronda los 65 millones de pesos y el de Río Grande la ubicó en el orden de los 70 millones de pesos.
A estos sumaron la deuda que a entender de los municipios se generó por el cobro de los gastos operativos de coparticipación, que señalaron están por encima del porcentaje acordado por las partes. Este reclamo fue descartado por Barrozo, quien señaló que los montos descontados son los que surgen del acuerdo que fue redactado por funcionarios del Municipio capitalino.
La notable diferencia entre los números que manejan unos y otros llevaron a que el radical Pablo Blanco planteara, irónicamente a sus pares, la conveniencia de que la Legislatura realice una auditoría externa de las cuentas provinciales y municipales, para así tener información confiable.
A pedido del oficialista Fabio Marinello, los responsables del manejo de las finanzas municipales precisaron que del total de recursos con que cuentan, un 20% corresponden a recaudación propia y el 80% restante tiene origen en la coparticipación de recursos nacionales y provinciales.
Del encuentro tomaron parte los legisladores Blanco; Martínez Allende; Rodríguez; Lechman; Löffler; Siracusa; Barrientos, Arcando; Martínez; Del Corro; Marinello y Rojo. Por Ushuaia concurrieron el Intendente Sciurani, el secretario de Finanzas, el de Gobierno, la de planificación estratégica; la legal y técnica y el presidente del Conejo Deliberante, Damián de Marco. Por Río Grande participaron los secretarios de Gobierno y de Finanzas, y el edil radical Guillén, en tanto que Tolhuin estuvo representando por el Intendente Queno y el concejal Marcelo Muñoz.
“Pedí que me informen sobre los fondos de la Soja”
El secretario de Hacienda de la Provincia, Alejandro Barrozo, aprovechó su presencia en la Legislatura para explicar a la prensa que la información que le reclamara la semana pasada al Municipio de Ushuaia sobre el uso que hace de los recursos que le transfiere la provincia, estuvo limitada a la rendición de los fondos de la soja.
El funcionario apuntó que el planteo respondió a que el Gobierno Nacional intimó a la Provincia a presentar esa información bajo advertencia de suspender la remisión del Fondo Federal Solidario a Tierra del Fuego. “Trimestralmente los municipios están obligados a remitirnos una certificación de parte del órgano de control externo, sobre la correcta utilización de los fondos”, precisó Barrozo, pero hasta el momento la Municipalidad no remitió esa información a la Provincia, que a su vez debe ser rendida ante el Gobierno nacional. |
