E
l actual juez de instrucción de Ushuaia, Javier de Gamas Soler, volverá a ser investigado por las irregularidades acontecidas en la causa judicial derivada del ataque terrorista a la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) ocurrido el 18 de julio de 1994.
Así se desprende de la decisión adoptada días atrás por la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, que revocó el sobreseimiento del ex secretario del juez Juan José Galeano y de otros funcionarios políticos y judiciales, además de policías, acusados de encubrimiento y del pago ilegal al imputado Carlos Telleldín.
El fallo de la Sala I de la Cámara porteña, integrada para este caso por los conjueces de la Cámara del Crimen Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González, tuvo como principal destinatario al ex ministro del Interior de la Nación, Carlos Corach.
Los jueces le encomendaron al juez federal Ariel Lijo investigar la “existencia de una imputación concreta hacia la persona de Carlos Vladimiro Corach, que no ha sido tratada hasta el presente”.
De esta manera aludieron a las causas penales ya elevadas a juicio oral por el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Telleldín, y por el desvío de la llamada “pista siria”.
Según consignó un cable de la agencia Télam, Corach no figura entre los procesados por ninguna de las dos causas, aunque sí deberán enfrentar juicio en fecha sin definir aún ante el Tribunal Oral Federal 2, el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE Jorge Anzorreguy, el ex juez del caso Juan José Galeano y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros.
Es en ese contexto del pedido de imputación de Corach, en que los camaristas revisaron también el rol de otros funcionarios judiciales y policías que pese haber estado ligado en un principio a la investigación, habían sido sobreseidos, como es el caso de De Gamas Soler.
El pago de los 400 mil dólares
El actual juez de Ushuaia era secretario del juez Galeano como también lo fueron Carlos Velazco, Susana Spina y José Pereyra.
Todos ellos junto a ex jefes policiales bonaerenses trabajaban en la investigación del atentado cuando se produjeron las irregularidades que aún hoy sigue investigando la Justicia.
Entre los hechos cuestionados figura la destrucción de videos que registraron conversaciones del entonces juez Galeano con el detenido Telleldín, en las cuales se pactó el pago secreto de 400 mil dólares a cambio de una declaración indagatoria donde se nombrara a policías bonaerenses en relación al ataque terrorista que causó 85 muertos.
Estos videos, según la causa, fueron tomados en el despacho de Galeano con una cámara oculta detrás de un biombo y estuvieron en el juzgado, hasta que luego de hacerse pública su existencia, el entonces secretario del juez y actual abogado particular Velazco, los sacó y los destruyó en su casa particular.
La Cámara ordenó volver a evaluar y dictar una nueva resolución sobre Velasco, Spina, Pereyra y De Gamas.
En idéntica situación quedaron los por entonces policías que fueron parte de la pesquisa como Luis Vicat y el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, comisario general Armando Calabró.
También el entonces abogado y actual titular de la Cámara de Casación Penal bonaerense Federico Domínguez, quien patrocinó a uno de los ex policías bonaerenses acusados del atentado, Bautista Huici, y en ese rol habría sugerido a su defendido admitir haber visto la camioneta Trafic supuestamente usada en el ataque como cochebomba estacionada en una comisaría bonaerense, como un intento de “plantar” una prueba falsa.
Los camaristas instaron a Lijo a volver a dictar una resolución sobre todos los imputados con “una mirada global de sus actuaciones” para determinar si hubo como fin último el de “obstaculizar el accionar de la Justicia en su camino hacia la averiguación de la verdad”.
Además de la destrucción de los videos, se investiga si hubo coacción sobre sospechosos para que involucren a los policías bonaerenses que fueron absueltos en un juicio oral en 2003.
