E
l Gobierno provincial invitó formalmente a participar de la próxima reunión del Consejo Económico y Social (CEyS) a integrantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a dirigentes de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), seccional Tierra del Fuego.
De esta manera, el Ejecutivo contestó las declaraciones públicas que habían realizado la semana pasada miembros de ambas organizaciones, cuando señalaron que no los habían convocado a la reunión del CEyS, llevada a cabo el martes 16, donde se abordó por primera vez el proyecto oficial para reformar la ley de funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Ahora, tanto la entidad que nuclea a magistrados como el gremio judicial tendrán la oportunidad de acudir al segundo encuentro, a realizarse mañana a las 14 en Casa de Gobierno, para exponer sus puntos de vista sobre el actual sistema de selección y remoción de jueces.
La asociación de jueces había emitido un comunicado firmado por su actual presidente, el camarista Civil Julián De Martino, donde además de la falta de convocatoria se deslizaba que una eventual reforma del Consejo de la Magistratura debía ser discutida en la Legislatura, y no en el CEyS. Incluso se preguntaba por la falta de participación de los legisladores en el encuentro inaugural.
El argumento de que el CEyS no es ámbito de discusión ya había sido expresado por algunos abogados, incluso por el actual representante de los letrados de Ushuaia ante el Consejo de la Magistratura, Clemente Vidal Oliver, quien sin embargo estuvo presente en la primera reunión del organismo multisectorial donde se debatió el tema.
En ese encuentro, los representantes de los Colegios de Abogados de Ushuaia y de Río Grande coincidieron en la necesidad, no solo de dar el debate, sino de reformar el sistema de selección de jueces. Con ello coincidieron sectores de la sociedad civil, como la Asociación Participación Ciudadana, y representantes de entidades sindicales nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Confederación General de Trabajadores (CGT), además de concejales de ambas ciudades.
Es más, la posición unánime del cuerpo ese día fue que más allá de una reforma de la ley 8 (que rige el funcionamiento de la Magistratura) debía avanzarse hacia una enmienda constitucional para reformar la integración del organismo, de manera de excluir al Fiscal de Estado (cuyo mandato es permanente) y avanzar hacia una integración más democrática y popular.
Por la tangente
Lo cierto es que de los fundamentos conocidos hasta ahora (falta de convocatoria y lugar no propicio para abordar el tema) ninguno estuvo destinado a defender la modalidad con que actualmente se eligen y remueven jueces en Tierra del Fuego.
La falta de jurados académicos para evaluar a los postulantes, el modo en que los consejeros toman posturas sin la obligación de fundamentarlas, y el sistema de votación asimilable al programa televisivo Gran Hermano con que se seleccionan magistrados provinciales, son prácticas que no parecen tener muchos interesados en respaldarlas. Lo mismo que la falta de publicidad de las sesiones, y el alto componente político de la mayoría de los consejeros. De los siete miembros del Consejo de la Magistratura, uno es el Fiscal de Estado (cuyo mandato es a perpetuidad) dos son legisladores que ni siquiera respetan la representatividad de la primera y segunda minoría de la Cámara, y uno es el ministro del Poder Ejecutivo. Los otros tres son los abogados por Ushuaia y Río Grande y el presidente del Superior Tribunal.
El ingreso de consejeros populares, como describió la semana pasada la integrante del Consejo de la Magistratura de Chubut, Mónica Koenigsder, podría dotar al organismo de un equilibrio que lo despegue de la corporación política y judicial. En Chubut, ni el Poder Ejecutivo, ni el Legislativo, integran la Magistratura. Y en cambio hay cinco consejeros populares sobre un total de catorce miembros. Los jueces tienen tres representantes, los abogados cuatro. Los restantes son el presidente del Superior Tribunal y un empleado judicial no abogado.
Hasta el momento, los que están a favor de la continuidad del actual sistema no dicen una palabra de los escándalos a los que dio lugar, con jueces seleccionados que no pudieron jurar porque estaban presos u otros que asumieron y se comprobó que tenían vínculos con la mafia.
El debate, igual, recién comienza, y promete una dura disputa entre los reformistas y los que pugnan por mantener el actual status quo.
