E
l abogado de Río Grande Francisco Giménez propuso ayer modificar el sistema de selección de fiscales y defensores públicos de la provincia, incorporándole algunos de los mecanismos de participación popular y publicidad que se impulsan para el caso de los jueces.
Giménez sumó así un nuevo ingrediente al debate que está teniendo lugar sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, a partir de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial al que luego aportaron organizaciones sociales, sindicales y letrados especialistas.
Las iniciativas que se discutieron en comisiones de trabajo del Consejo Económico y Social (CEyS), y que también pasarán por el filtro de tres audiencias públicas durante el mes de septiembre, incluyen hasta el momento al procedimiento para elegir magistrados de todos los niveles, pero no integrantes de los Ministerios Públicos.
Según Giménez, por el tipo de tarea que desempeñan estos funcionarios (especialmente los fiscales en el impulso de una acción penal) también debería revisarse el modo en que son elegidos y designados.
El artículo 142 de la Constitución Provincial establece que, a diferencia de los jueces (que son designados por el Superior Tribunal a propuesta del Consejo de la Magistratura) “los miembros de los ministerios públicos y demás funcionarios serán designados por el Superior Tribunal con acuerdo de dicho Consejo”.
La propuesta del abogado riograndense es que una ley reglamente el acuerdo que debe prestarle el Consejo de la Magistratura a los postulantes a fiscales y defensores públicos. De esta forma, no se trataría de una simple formalidad, sino que el Consejo podría, por ejemplo, convocar a audiencias públicas u otros mecanismos que permitan conocer objeciones contra las candidaturas.
Giménez explicó ayer que analizará más en profundidad este tipo de alternativas y que elaborará un proyecto de ley para aportarlo al debate, en el marco de las audiencias públicas convocadas para el 3, 10 y 17 de septiembre sobre la reforma judicial.
Escribanía de la Magistratura
El ex presidente del Colegio de Abogados de Río Grande precisó que hasta ahora, los fiscales y defensores “se eligen a través de un concurso interno que hacer el Poder Judicial del que muy pocos se enteran. Por ejemplo, la gran mayoría de la ciudadanía no debe saber que hay dos concursos abiertos actualmente, uno en Ushuaia y uno en Río Grande”.
En ese sentido, mencionó que el Consejo de la Magistratura, organismo al que se remiten luego los pliegos de los elegidos, “sólo cumple una función de escribanía, refrendando lo que ya fue seleccionado con anterioridad”.
Giménez enfatizó que, por ejemplo, la tarea de los fiscales es fundamental para el esclarecimiento de distintos de delitos: “son los encargados de mantener viva la acción pública. A veces son más importantes en la investigación de un delito que el propio juez. Porque si el fiscal dice acá no hay delito, el juez no puede hacer nada”, remarcó.
“Por eso hay que revisar esa situación. Es un tema que nos estamos olvidando. El proceso (para seleccionar funcionarios judiciales) es más oscuro y secreto que los que realiza el Consejo de la Magistratura. No participan los colegios de abogados ni los legisladores. Me parece que es el momento adecuado para plantearlo, porque si se va a hacer toda una modificación, debería incluirse también a los fiscales y defensores”, insistió el abogado.
En otro orden, el letrado confirmó que participará de las audiencias convocadas por el CEyS para sostener las mismas posiciones que ha expresado en oportunidades anteriores en representación del Colegio de Abogados.
“Debo reconocer que primero era escéptico sobre el funcionamiento del Consejo Económico y Social, e incluso lo critiqué. Ahora lo estoy reconsiderando y creo que me equivoqué. El debate es positivo y ha permitido volver a la discusión más horizontal y participativa. Si nos quedábamos en el ámbito de la Legislatura parecía que sólo podían participar algunos, y otros no. Además, está bien discutir temas estructurales y apartarse de lo coyuntural”, evaluó Giménez.
Examen para algunos
Un dato curioso es que mientras un grupo de jueces defiende el actual sistema de selección de magistrados, y considera que no deben incorporarse evaluaciones escritas y orales (merituadas por un jurado académico) para ser fiscal, defensor o secretario, el Superior Tribunal tiene reglamentado un sistema de concurso con este tipo de exámenes.
