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l Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió multar al ministro de Gobierno, Gustavo Zanone, por pagar una factura de casi 60 mil pesos a la empresa aérea Top Air SA, propiedad del empresario Lázaro Baez. El cuestionamiento es que lo hizo sin haber seguido los pasos administrativos y legales que se exigen para la afectación de fondos públicos para ese tipo de prestaciones, consignó el medio electrónico Reporte Austral.
Cabe mencionar que el Gobierno provincial utilizó aviones de esa empresa para el traslado de la gobernadora Fabiana Ríos entre Río Grande y Ushuaia y desde esas ciudades a Buenos Aires, lo que generó una fuerte polémica en torno a la contratación del mencionado servicio por un lapso de alrededor de 10 meses.
De hecho, EDFM daba cuenta en junio de 2012, tras entrevistar a funcionarios de la gestión Ríos, sobre la existencia de un “muy ventajoso” contrato entre la Provincia con Top Air SA a través de la compensación por el hangaraje de las aeronaves de la empresa de Lázaro Báez, “que se complementaba con la posibilidad de pago parcial con combustible aeronáutico que la Provincia puede adquirir a precio de costo”. Posteriormente, el Gobierno se desdijo en este medio sobre las características de la relación comercial.
Lo cierto es que las observaciones del TCP refieren a una de las aeronaves de Top Air que cumplió un vuelo para el traslado de la gobernadora Fabiana Ríos a Buenos Aires.
Reporte Austral mencionó que en el acuerdo plenario 2370/13 del Tribunal de Cuentas, fechado el 4 de junio de 2013, con la firma del doctor Miguel Longhitano y el contador Hugo Pani se aplicó la sanción al titular de la cartera política del actual Gobierno.
El organismo de contralor tomó intervención en el expediente de pago de la factura 0001-00000052 de la empresa Top Air SA, emitida el 31 de mayo de 2012, en concepto de traslados efectuados por la Gobernadora, por la suma de 59.204 pesos.
“La multiplicidad de transgresiones formales a la normativa vigente en materia de contrataciones y de administración financiera detectadas, son en su gran mayoría consecuencia de la tramitación del expediente como reconocimiento de gastos, con el único objetivo de encauzar el pago de una contraprestación recibida y obligando al Estado a su pago, cuando menos, en el marco de la teoría del enriquecimiento sin causa”, indicó el informe del Tribunal de Cuentas.
Finalmente, Pani y Longhitano sostuvieron que el Tribunal de Cuentas “tiene reiteradamente dicho que el Reconocimiento de Gastos constituye una figura impropia para la tramitación de erogaciones del Estado, que lo único que hace es confirmar que el trámite se ha llevado completamente al margen de las formalidades exigidas por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas y de administración financiera”.
