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or Pablo Blanco
(Legislador UCR)
Reformar la Constitución es una necesidad política para estar a la altura de los cambios sociales. No se trata de una aventura política para que la clase política obtenga más ventajas políticas; por el contrario, se trata de que la organización del estado se vuelva más dinámica en atención a las nuevas exigencias que han aparecido y que han vuelto pesado al estado. Quienes impulsamos la necesidad de la reforma pretendemos debatir sobre cómo mejorar nuestra forma de organización para atender mejor las necesidades de la gente y darle a las instituciones mejores herramientas para mejorar nuestro potencial de crecimiento. No queremos poderes eternos para los gobernantes ni gobernantes sin control; queremos una democracia con mayor involucramiento de la ciudadanía, más capacidad de reacción correctiva ante las crisis y una provincia aún más soberana.
Queremos fomentar un debate amplio. No queremos remover a nadie ni armar trajes a medida. No nos guía el oportunismo sino la convicción de que las leyes deben adaptarse cuando en lugar de acompañar los cambios los apresan o retardan.
Planteamos cuestiones elementales que seguramente el resto de las fuerzas políticas podrán criticar o enriquecer, acordar o rechazar. Pero lo importante es generar un intercambio que pueda coronarse en una mejor Constitución para todos los fueguinos así como para los hombres y mujeres de bien que quieran habitar nuestra provincia.
Plantear que la secundaria completa deba ser obligatoria para todos no sólo es creer en la educación como herramienta para el progreso social sino también como fuente de igualación y superación individual. Queremos “secundaria para todos” como plataforma para el empleo calificado, la mejora personal y la soberanía de pensamiento. El acceso a la educación de excelencia y su progresividad deben estar asegurados por el Estado provincial en un contexto que exige nivelar todas las capacidades humanas hacia arriba. Nuestra juventud se merece esta garantía educacional que nuestra constitución debe consagrar como obligación estatal y derecho cívico.
Pretendemos también zanjar la eterna discusión dada en la provincia sobre la dicotomía “municipios ricos y provincia pobre” definiendo más claramente las funciones prioritarias del Estado provincial y municipios para terminar con la superposición de roles, funciones y duplicidad de gastos. No queremos un estado más chico sino un estado que no despilfarre, que sea más eficiente y que pueda ahorrar para invertir en infraestructura social (vivienda, salud y comunicaciones).
Hoy el artículo 69 de la Constitución Provincial establece que “la participación en los impuestos y demás recaudaciones que corresponda a las municipalidades les será transferida en tiempo y forma, a los efectos de asegurar su normal y eficiente funcionamiento”. Como puede apreciarse, este modo de redacción no es muy preciso lo que permite al Poder Ejecutivo Provincial estimar según su conveniencia (o sus dificultades transitorias de caja) lo que entiende por “en tiempo y forma”. La autonomía municipal, desde el punto de vista financiero, no puede estar amenazada ni sujeta a posibilidad alguna de extorsión por parte del Poder Ejecutivo. La solidaridad, el federalismo al interior de la provincia y también el esfuerzo mancomunado y la administración responsable de los recursos deben quedar resguardados y claramente establecidos como obligaciones estatales en el texto constitucional.
Como se verá las dificultades que se generan alrededor de la coparticipación no sólo obedecen a la debida falta de acuerdos políticos entre las partes involucradas sino también a que la Constitución mantiene desde hace 22 años un texto difuso al respecto. Si esto se modificase, no habría “lagunas” jurídicas ni lugar para las dudas y se terminaría el tironeo recurrente entre municipios y provincias.
Con respecto a las cuestiones electorales y de carácter político, pretendemos bajar la edad para ser elegido legislador (resulta incongruente que un chico de 16 años pueda votar a legisladores que, a su vez, no pueden tener menos de 25); introducir las elecciones de medio término, acabar con las elecciones indefinidas, y unificar el calendario electoral con la nación.
Las elecciones llamadas “de medio término” (elegir a la mitad de la Legislatura cada dos años) le permiten a la ciudadanía mejorar su capacidad de control sobre el Poder Ejecutivo y reequilibrando fuerzas en la Legislatura a fin de favorecer cambios o ajustes en la orientación del gobierno. Esto evitará la concentración excesiva de poder y obligará a que el Ejecutivo esté más atento a las demandas ciudadanas si no quiere ser castigado electoralmente. Que la democracia brinde la posibilidad de elegir a la mitad de sus representantes en la Legislatura cada dos años ayudará a dinamizar la vida de los partidos políticos y mejorará el rendimiento y la responsabilidad de los gobiernos porque estarán más sujetos al control y sanción ciudadanos.
Creemos también que es necesario incluir modificaciones al Consejo de la Magistratura y al interior del Tribunal de Cuentas Provincial. Quienes ocupen estos cargos deberían durar períodos establecidos constitucionalmente de modo tal que su recambio se de en forma coincidente con las elecciones de medio término. De este modo se aseguraría que los cambios no coincidan con la llegada y partida de un gobierno sino que se pueda defender, controlar y auditar a ambos. El Fiscal de Estado no debería integrar el Consejo de la Magistratura porque quien nombra o remueve jueces no debería litigar contra ellos. Creemos que hay que evitar cualquier posible conflicto de interés.
A 22 años de sancionada nuestra Constitución urge un debate transparente y de buena fe que la mejore. Nuestra provincia lo merece. Nadie en su sano juicio pretende que las instituciones involucionen o se queden congeladas, lo que se pretende es dinamizar el funcionamiento del estado y darle más poder a los ciudadanos.
