Nueva ordenanza municipal

Brindarán asistencia y asesoramiento a inspectores de tránsito

16/10/2013
L
os integrantes del Cuerpo deliberativo de Ushuaia aprobaron ayer por unanimidad, en la 9ª sesión ordinaria del año, una ordenanza mediante la cual se prevé la asistencia legal por parte del Municipio a los agentes que deban recurrir a la instancia judicial en ejercicio de sus funciones, contratando profesionales que realicen el asesoramiento pertinente y ejecuten la demanda legal que corresponda.
Se trata de una normativa que prevé que los agentes municipales que sean objeto de agresiones físicas, amenazas o situaciones de conflicto, serán resguardados del servicio activo por determinación del superior jerárquico, en la figura de licencia médica, hasta tanto un tratamiento o evaluación psicológica, según corresponda, indique su aptitud para reincorporarse.
La iniciativa surge principalmente a partir del hecho de violencia sufrido en el mes de septiembre pasado, por un inspector de tránsito municipal que, durante un operativo de control, fue agredido por el conductor de un vehículo.
Cabe recordar que a partir de ello, los ediles mantuvieron numerosas reuniones con trabajadores del rubro, que manifestaron la necesidad de contar con una normativa que prevea sanciones más duras para quienes ejercen violencia física contra ellos, mientras se encuentran realizando su labor de control sobre la circulación de vehículos en la vía pública.
En ese marco, la ordenanza sancionada ayer en sesión fija una multa de entre 1000 y 4000 UFAs ante “toda acción u omisión que obstaculizare, perturbare o impidiere la inspección o vigilancia que la Municipalidad de Ushuaia realice en uso de su poder de policía”, mientras que en el caso de que la acción implicara intento de evasión o agresión física o verbal al personal Municipal, las multas a aplicar serán de 3.000 a 6.000 UFAs, además de la inhabilitación pertinente.
Asimismo, la norma establece que “todo conductor debe ajustarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes para conducir. La negativa a someterse a las pruebas, evasión flagrante al control, agresión verbal o física o amenazas, constituye falta consistente en impedir u obstaculizar la inspección”, fijando que para su rehabilitación como conductor, el agresor deberá obtener Para ser rehabilitado deberá el Certificado de Aptitud Psicofísica que acredite capacidad para conducir vehículos automotores y constancia de haber aprobado un curso de reeducación vial”.
Finalmente, la ordenanza sugiere al Municipio la realización de un Manual de Normas y Procedimientos para el área de Inspección Municipal, que oriente las actuaciones del personal, permita evitar las dudas respecto del desempeño de los inspectores de tránsito brindándoles seguridad en la tarea realizada, y fortalezcan la imagen y percepción pública respecto a la importancia de su función.

Contratación directa para construcción de viviendas sociales

Los concejales aprobaron ayer por unanimidad una ordenanza mediante la cual se autoriza al Ejecutivo Municipal a realizar la contratación directa de dos cooperativas de trabajo locales, para la ejecución de 20 viviendas sociales.
Se trata de la cooperativa “IYU Limitada” y “Patagonia Austral” Limitada, cuya contratación directa ascenderá a $4.175.000 cada una; en el marco del convenio específico firmado en el mes de junio pasado a través del Programa Federal de Integración Sociocomunitaria; entre el Municipio, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, y el Instituto Provincial de Vivienda.
En el Anexo I de dicho convenio se establece que la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, financiará un monto total de $8.350.000 para la construcción de veinte viviendas en un plazo obra de seis meses mediante la contratación de dos cooperativas de trabajo.
La contratación se realizará en el marco del Programa Federal que fija en el Municipio la responsabilidad de aportar el costo de materiales y mano de obra, cuya devolución por parte de los beneficiarios de las viviendas se realizará en 50 años.
Tras la aprobación de la normativa, vecinos de la ciudad hicieron uso de la palabra, agradeciendo la generación de mano de obra para las cooperativas de trabajo locales.

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