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e los datos aportados por la cartera de Infraestructura surge que durante 2013 se registró el mayor nivel de ejecución de Obra Pública durante la gestión Ríos, y que el ministerio que conduce Gabriela Muñiz Siccardi afectó a tal fin cerca de 70 millones de pesos del Fondo de la Soja.
Sobre el particular se precisó que de los 120 millones de pesos de ese Fondo, 40 se afectaron al pago de deuda con los municipios –mediante el mecanismo de compensación por obra pública– y que de los 80 remanentes la mayoría ya fueron ejecutados o están en vías de ejecución. Se indicó además que se estima que para el ejercicio entrante se transferirán como excedente unos 30 millones de pesos.
Si bien los legisladores evaluaron, en líneas generales, de manera positiva la exposición de la Ministro le formularon algunos cuestionamientos en cuanto al criterio de prioridad que se asigna a la inversión en Obra Pública.
En cuanto a afectación de recursos para afrontar obras de cloacas en Ushuaia durante el próximo año quedó en claro que no se ha previsto en la materia inversión que resulte significativa para poder corregir a la brevedad el indisimulable déficit que presente el sistema de tratamiento y desagües cloacales de la ciudad capital.
Tras el paso del Ministerio de Infraestructura, los legisladores se reunieron con las autoridades del Ministerio de Gobierno quienes detallaron el nivel de ejecución del presupuesto 2013, precisando que cerca del 80% del mismo se destina al pago de salarios, situación que se reitera en el elaborado para el año entrante. El Ministro Zanone anunció que durante 2014 se tiene avanzar en la implementación del sistema de video vigilancia en Ushuaia, con la colocación –en una primera etapa– de 100 cámaras en la vía pública, en el marco del convenio firmado con el Municipio capitalino y una empresa prestadora de telefonía celular.
Se acordó mantener un nuevo encuentro el próximo miércoles 20 para abordar específicamente la deuda que el Ejecutivo mantiene con los cuarteles de Bomberos Voluntarios, como así también analizar la factibilidad de modificar la ley de subsidio para esas instituciones.
