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a Municipalidad de Ushuaia, el Gobierno provincial y la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) presentarán hoy una propuesta conjunta ante la Justicia Civil para poner en funcionamiento en forma urgente el sistema de tratamiento de efluentes cloacales en la ciudad, anticiparon ayer fuentes gubernamentales.
De esta forma, las partes cumplirán con el plazo otorgado la semana pasada por el juez Civil Alejandro Fernández, en la causa iniciada por la Asociación Participación Ciudadana para hacer cesar la contaminación costera por residuos de cloacas.
La ONG había requerido en ese expediente el dictado de una medida cautelar que obligara a las instituciones demandadas a llevar a cabo un plan de obras prioritarias: básicamente la reparación y puesta en funcionamiento de las diecisiete plantas elevadoras y el dispersor marítimo ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Malvinas Argentinas.
Fernández citó entonces a representantes del Gobierno, el Municipio y la DPOSS y les informó que si antes de hoy no presentaban una propuesta conjunta con un plan de obras y su correspondiente financiamiento, entonces resolvería la medida cautelar en el sentido que su criterio indicara.
Es por eso que desde el viernes y hasta ayer hubo una serie de reuniones entre los funcionarios para intentar llegar a un acuerdo, que finalmente se logró y que durante esta mañana será presentado ante el magistrado en busca de su homologación.
Según trascendió extraoficialmente, la propuesta incluirá una inversión de 13 millones de pesos, de los cuales 3 millones ya había anunciado que aportaría la Municipalidad, y 10 millones se comprometió a disponer el Gobierno junto con la DPOSS.
Con ello se llamará a una licitación pública inmediata para adjudicar los trabajos y poder llevarlos a cabo lo antes posible.
El punto que trabó las negociaciones es el del mantenimiento de las plantas elevadoras y el dispersor una vez que entren nuevamente en funcionamiento. Si bien aún no hay mayores detalles acerca de cómo se subsanó ese inconveniente, la clave sería que el pliego licitatorio incluiría también un valor para mantener las plantas durante un año. Vencido ese plazo, las partes se comprometerían a acordar alguna fórmula conjunta, como por ejemplo la creación de un Fondo Medioambiental cuya recaudación se afectaría al mantenimiento continuo de las obras. Pero ello se conocerá con mayor precisión hoy, luego de que el acuerdo sea presentado ante el juez.
Cuestión de fondo
Por otra parte, el juez Fernández todavía debe resolver la cuestión de fondo planteada en la demanda, relacionada con un programa de obras a largo plazo que logre controlar la contaminación costera y que pueda monitorearse de manera objetiva y periódica.
Con idéntico criterio que la medida cautelar, el magistrado le otorgó un plazo a las partes hasta el 28 de febrero del año próximo, con el objetivo de que presenten una iniciativa conjunta. En caso contrario dictará una sentencia.
El otro actor que interviene en el caso es el Ministerio Público Fiscal, a través de su titular, Oscar Fappiano. El funcionario judicial participó de la última audiencia de partes y advirtió a los funcionarios sobre la necesidad de arribar a una solución para el problema de la contaminación costera y remarcó que existe una “emergencia ambiental declarada” y un “riesgo concreto para la salud de las personas”.
En tal sentido, Fappiano dijo que “no hay tiempo para esperar” y advirtió a las autoridades que promoverá acciones penales contra los funcionarios responsables de no intervenir en este asunto.
El fiscal recordó que la provincia posee un presupuesto 9 mil millones de pesos y que la solución de este conflicto ambiental representa unos 200 millones, es decir el 2% de la cifra anterior.
